Con la finalidad de agilizar los procesos de desprotección familiar, la magistrada del Juzgado Civil Permanente del CISAJ El Porvenir, Tania Bocanegra Risco, dispuso -previa coordinación con el fiscal a cargo de dicho proceso- la oralización del dictamen fiscal en la audiencia virtual y entrevista a un adolescente extranjero que se encuentra solo en nuestro país, realizada mediante la plataforma Google Meet.
Esta acción se cumple en el marco de aplicación de la Directiva nro. 017-2020 aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, referida a los “Procesos Simplificados de Desprotección Familiar de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgos de Perderlos”, la misma que se ejecuta en concordancia con el deber especial de protección establecido en el artículo 19° de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Se pudo conocer que la jueza adecuó dicha Directiva al proceso de desprotección familiar, concentrando actos procesales -en tanto aún no viene funcionado en este Distrito Judicial- la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y era necesario dotar de una tutela efectiva a un adolescente migrante irregular que requiere de protección internacional.
Para tal efecto, simplificó el procedimiento mismo con la participación del Ministerio Público, logrando eliminar trámites formalistas como es el remito del expediente a la fiscalía para la emisión del dictamen correspondiente, a través de la oralización en la misma audiencia del dictamen fiscal, dotándola así de una celeridad propia de este tipo de procesos.
Se suma a ello que, en dicha audiencia, predominó el uso de las tecnologías de la información (TICS) ya que se logró la conexión con la familia acogedora a través de una videollamada, contrastando su identidad con la consulta de Reniec que cuenta el Poder Judicial.
Finalmente, la magistrada Tania Bocanegra refiere que existe un compromiso por parte de los representantes del Ministerio Publico de continuar con la oralización de los dictámenes fiscales según sea el caso, con la finalidad de superar las dificultades propias del sistema de justicia y con ello, el establecimiento de un proceso más célere y simplificado que proteja a un sector vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes.