La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 69 180.40 en el servicio de alojamiento y alimentación que contrató de manera directa el Gobierno Regional de La Libertad para la cuarentena de 119 personas, durante los traslados humanitarios realizados por la emergencia sanitaria del COVID-19 debido a pagos excesivos e indebidos por servicio de comida y hospedaje. 

El Informe de Servicio de Control Específico N° 034-2020-2-5342-SCE, que tiene un periodo de evaluación del 15 de abril al 31 de julio de 2020, identificó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa en seis funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad.

La comisión de control estableció que las 119 personas fueron alojadas en 77 habitaciones, compartiendo cama y algunas de ellas durmiendo en sofás. Ante esto, el gobierno regional no cauteló ni supervisó el servicio de hospedaje, realizando el pago al contratista de 130 soles por persona, pese a que los términos de referencia del contrato solicitaban la cancelación por habitación, lo que originó un desembolso indebido de S/ 42 140.00.

Asimismo, se comprobó que la propuesta económica enviada a la entidad fue distinta a la pagada por el servicio brindado, habiendo un exceso en el costo por hospedaje de S/ 25 614.40. Además, se realizó la cancelación por la prestación de alimentación de dos recién nacidos, cuya comida está basada exclusivamente en leche materna y/o fórmula, lo que determinó un perjuicio económico por S/ 1400.00.

Otras observaciones

También se determinó que la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social elaboró los Términos de Referencia (TDR) para contratar el servicio de alojamiento y alimentación sin una descripción objetiva para cumplir con la finalidad pública de la contratación, que incluya el tipo de habitación, cantidad en camas, capacidad máxima de personas alojadas, consideraciones para garantizar de salubridad, entre otros.

Asimismo, no se efectuó un estudio de mercado para determinar el valor estimado de la contratación e identificar los hospedajes disponibles para brindar el servicio, sino que la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, sin tener competencia funcional, seleccionó los hospedajes que brindarían el servicio de alojamiento y alimentación por un total de S/ 205 030.00.

El informe también señala que el contratista, al momento de brindar el servicio de hospedaje, no contaba con licencia de funcionamiento para operar ninguno de los establecimientos ofrecidos, tampoco contaba con un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, exigido por norma.