Durante el año 2020, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad atendió un total de 5135 casos entre consultas, quejas y pedidos de intervención de la ciudadanía que vio afectados sus derechos fundamentales. La atención se realizó mediante las modalidades telefónica, virtual y presencial; y, en el último caso, se hizo respetando los protocolos de bioseguridad.
A la fecha, la oficina defensorial ha logrado resolver más del 90 % de los 5135 casos presentados. La mayoría de las demandas estuvieron relacionadas a problemas en los servicios de salud en hospitales de EsSalud y del Ministerio de Salud (Minsa), además a las dificultades en el acceso al bono, casos vinculados a las municipalidades, afectaciones a la integridad personal e intervenciones por temas de violencia contra la mujer y la niñez.
Durante el año que terminó, se resolvieron quejas referidas a deficiencias en la atención en los establecimientos de salud, como la omisión de brindar a los familiares el informe médico de los pacientes hospitalizados con COVID-19. De igual manera, se intervino ante reclamos referidos a la calidad y suficiencia de los equipos de protección personal que se entregó al personal sanitario y se supervisó el estado de los establecimientos de salud de atención primaria.
Otros temas relevantes estuvieron relacionados a garantizar el derecho a la educación y la protección a niñas, niños y adolescentes; así como la defensa y protección de los derechos de la mujer, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. En ese sentido, se supervisaron las municipalidades, los centros emergencia mujer, las UGEL, los centros residenciales, entre otros.
De la misma manera, en el marco de sus competencias constitucionales de defensa de los derechos fundamentales, la institución también ejecutó acciones de coordinación con la Policía Nacional del Perú y con el Ministerio Público, desplegando personal para acompañar las marchas de protesta realizadas en el mes de noviembre pasado, con el fin de garantizar el derecho de la ciudadanía a manifestarse en forma pacífica. Asimismo, se acompañó la manifestación realizada en diciembre último en la carretera Panamericana Norte, donde se intervino para implementar corredores humanitarios a fin de posibilitar el tránsito de las personas varadas.
Entre las instituciones más quejadas se encuentran las municipalidades, con un total de 296 casos; seguidas del Poder Judicial, con 208; y los centros médicos, con 114. En el cuarto lugar se ubican los establecimientos de EsSalud con 96 quejas y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el quinto lugar, con un total de 94 casos.