Además de llevar candidatos con sentencias penales, fallos para el pago de alimentos o por violencia familiar, la mayoría de partidos llevan también en sus listas a postulantes que enfrentaron demandas laborales o procesos civiles contractuales que culminaron en órdenes de pagos a favor de terceros.

En cuanto a demandas laborales, son 17 los postulantes que reportaron estos casos y pertenecen a 10 partidos: Alianza para el Progreso (3 casos), Avanza País (3), Somos Perú (2), Podemos Perú (2), Democracia Directa (2), Partido Morado (1), PPC (1), RUNA (1), Partido Nacionalista (1) y Perú Libre (1).

Dentro de este bloque se encuentra nada menos que el candidato presidencial por el partido RUNA (Renacimiento Unido Nacional), Ciro Gálvez Herrera. Abogado de profesión, este postulante es conocido en Huancayo por conducir una notaría. En su hoja de vida reporta dos expedientes en juzgados transitorios laborales que le ordenan el pago de indemnización por despido arbitrario.

En el grupo de candidatos con demandas laborales se encuentra también Carmen Omonte, candidata a primera vicepresidenta por Alianza para el Progreso (APP), quien reporta un proceso del 2015 que fue declarado fundado en parte.

En su organización política reportan similares procesos los candidatos congresales Segundo Jacome (número 3 en Áncash) y Marcial Palomino (número 1 en Lima provincias). En el caso del primero, le ordenan pagar CTS y vacaciones truncas, y el segundo no ofrece mayor detalle del proceso que tuvo.

Hay otros tres postulantes que tampoco dan detalles de las demandas laborales que enfrentaron. Es el caso de Edwin de la Cruz Ponce, postulante con el número 24 de Avanza País por Lima. En su hoja de vida reporta una sentencia fundada, pero evita dar precisiones. (La República).