Inmovilizan 276 botellones de agua de mesa

 

La Primera Fiscalia Provincial de Prevención del Delito de Trujillo realizó un operativo para prevenir delitos contra la salud pública, dirigidos a locales de empresas embotelladoras de aguas para consumo humano, ejecutando acciones en vías de prevención del delito de producción, comercialización o tráfico Ilícito de alimentos y otros productos destinados al uso o consumo humano previsto y sancionado en el artículo 288° de nuestro Código Penal Peruano.

A fin de llevar adelante dicho operativo, el equipo de fiscales realizaron el operativo de oficio, contando con la participación de la Unidad Funcional de Regulación en Salud Ambiental – UFRESA – Gerencia Regional de Salud de La Libertad-GERESA, así como con la Policía Fiscal.

Se intervino la Compañía Envasadora y Embotelladora EKO DE LOS ANDES S.A.C., ubicada en el C.P.M. El Trópico – Huanchaco; personal inspector de la GERESA verificó que dicha Compañía Embotelladora de Agua para el Consumo Humano no registraba ningún control de sus procesos, no presentaron documentación sustentatoria referente al permiso otorgado por la Autoridad Nacional del Agua para abastecimiento de agua a través de su pozo tubular, ni mostraron certificado de inocuidad de envases, no contaban con documentación sustentatorio para realizar la rastreabilidad del producto, ni contaban con su plan de control y vigilancia para el COVID-19 en el trabajo, entre otras observaciones.

Ante ello, personal de la GERESA La Libertad dispuso como medida de seguridad la inmovilización de 276 botellones Pet de 7 litros de agua de mesa sin gas, por no presentar documentación sustentatoria del lote producido y de lotes anteriores, hasta que la empresa demuestre la inocuidad de los mismos, así como notificó al administrado el acta de constatación a fin de que regularicen las observaciones realizadas sobre las condiciones de higiene sanitaria.

El operativo estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Lessli Cabeza Jave quien exhortó al administrado en cumplir con las condiciones sanitarias del producto y normas sanitarias de vigilancia del agua destinadas para consumo humano, así como los permisos y aprobaciones para el uso de agua y medidas sanitarias en el trabajo como es el Plan de control COVID-19, todo ello, a fin de evitar riesgos a la salud de la población que puedan conllevar a delitos contra la salud pública.

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