Un reciente informe presentado por la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos revela, en sus 600 hojas, la oscura realidad que aún envuelve al cerro El Toro, en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. Además, sustenta la necesidad de intervenir la zona para erradicar las mafias enquistadas que hacen lo que se les antoja en la zona.

Se detectó, lo que era un secreto a voces, que en El Toro las mafias mineras han creado un modus operandi: alquilan terrenos a humildes agricultores para construir socavones en los que hacen trabajar hasta menores y mujeres expuestos al contagio de la Covid-19. Además, identificaron que estas mafias actúan en clanes familiares que utilizan el Registro Integral De Formalización Minera (Reinfo) como fachada para realizar esta ilícita actividad en áreas prohibidas.

“Hay alrededor de 100 titulares de socavones en la zona, la mayoría de ellos opera como clanes familiares. A los que se ha podido identificar se les anuló del Reinfo y se aplicó varios procesos sancionadores como a “Minerals Doña Julia”, Oswaldo Alva Polo y otros por trabajar en condiciones no adecuadas para la minería. Además, se detectó el uso de cianuro y residuos tóxicos que son vertidos en las quebradas”, enfatizó el gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Rául Araya Neyra.

En la mira red ilegal

El presidente de la Comisión Ordinaria de Energía, Minas e Hidrocarburos del Consejo Regional, Greco Quiroz, asegura que estas mafias pagan 20 mil soles por silenciar las muertes registradas en sus socavones. “Hemos detectado a cuatro hombres que manejan la mayoría de socavones y pretenden infiltrarse como autoridades para encubrir la actividad minera ilegal”, indicó.

Efectivamente, según las investigaciones, figura Jorge Espejo Moreno, a quien la Fiscalía en Materia Ambiental de La Libertad le abrió una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental. A él se le relaciona con la empresa “Mineral Doña Julia S.A.C”, una de las grandes labores mineras que a pesar de no tener autorización para extraer mineral se resiste a paralizar sus operaciones.

En la zona también opera el cuestionado pastor Oswaldo Alva Polo, propietario de planta de beneficio, fue excluido por la Dirección General de Formalización Minera del Reinfo por incumplir las normativas. El hombre religioso es sindicado por los presuntos delitos de minería ilegal, contaminación y hasta es investigado por homicidio culposo. Según la carpeta fiscal N.° 543-2019-0-1608-JR-PE-01, lo investigan por la muerte de cuatro mineros dentro de un socavón en el cerro El Toro en el 2019. En este caso, Alva es investigado al ser vinculado como socio del dueño del predio donde ocurrió la tragedia.

Ambos personajes se aferran a ocupar el cargo de agente municipal y presidente de la ronda campesina de Shiracmaca, pese a los serios cuestionamientos en su contra.

En esa misma lista negra, aparecen los hermanos García. A quienes se les ha identificado como un clan de mineros ilegales integrado por Santiago García, y lo secundan sus hermanos Isabel, Wilson, Evaristo y Enemesio, este último se desempeña como agente municipal en el caserío El Toro. En sus terrenos se captó la presencia de menores y mujeres rodeados de depósitos de cianuro y trabajadores expuestos al contagio del Covid debido a que no cumplen los protocolos sanitarios.

La minería ilegal también pretende extenderse más allá de El Toro y poner en peligro el atractivo turístico más importante de esta provincia andina, la laguna Sausacocha. Allí, Guillermo Gonzáles Acevedo, cuñado del pastor Oswaldo Alva Polo, pretende poner a funcionar su planta procesadora de minerales “La Minita”, desafiando el rechazo de la población.

El informe está en manos del Ministerio de Minas (Minem) a fin que tomen acciones inmediatas y frenar esta ilícita actividad que viene causando graves estragos en esta provincia andina de La Libertad.