Con el objetivo de garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad solicitó a la Municipalidad Provincial de Gran Chimú realizar acciones urgentes para mejorar la calidad de agua que consume la población, debido a que se vienen reportando altos índices de enfermedades diarreicas agudas, parasitosis y otras, que estarían relacionadas con la ausencia de calidad del recurso hídrico.
Tras una reunión virtual sostenida con autoridades e integrantes de la sociedad civil de la provincia de Gran Chimú, la Oficina Defensorial tomó conocimiento de las quejas por la mala calidad del agua que consume la ciudadanía del distrito de Cascas y de 15 centros poblados, situación que se viene informando hace bastante tiempo a la comuna provincial por parte de la Red de Salud Gran Chimú-Cascas.
En el informe elaborado por el equipo técnico de la Unidad Técnica Funcional de Salud Ambiental y Ocupacional de la Gerencia Regional de Salud, de fecha 18 de octubre de 2020, se evidencia que la Municipalidad de Cascas y las juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS) no realizan una adecuada cloración al sistema de abastecimiento de agua para consumo humano.
Considerando el contexto de pandemia por la COVID-19, el acceso al servicio de agua en condiciones de calidad es elemental para prevenir posibles contagios. Por ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad ha solicitado a la Municipalidad de Gran Chimú información respecto a la elaboración de un Plan de Monitoreo y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano en la provincia. Asimismo, requirió información sobre las acciones adoptadas en virtud a los reportes de la autoridad de salud, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la normativa vigente, dicha comuna debe velar por la sostenibilidad de los servicios de agua en su jurisdicción.
Finalmente, se solicitó información sobre los proyectos que se vienen gestionando para mejorar la calidad del agua y el sistema de tratamiento aplicable, con el fin de salvaguardar la salud de la ciudadanía y su derecho a acceder a servicios de calidad.