La Contraloría detectó que en Puerto Malabrigo una obra de agua potable fue adjudicada por más de S/ 685 mil a un postor cuya oferta no cuenta con el sello de recepción de Logística y tampoco figura en el cuaderno de registro de documentos, lo que pone en duda que haya cumplido con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección.

La comisión de control señaló que la oferta del postor que ganó la buena pro no debió tomarse en cuenta para la revisión de los documentos en la etapa de admisión, puesto que, al no contar con el sello y firma de recepción de la oficina de Logística o documento de cargo de recepción, no existe evidencia de que fue presentada en la fecha y hora establecida en el cronograma del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 0032-2018-SEDALIB S.A.

El Informe de Control Específico N.º 010-2021-2-0264, que comprende el período 19 de diciembre de 2018 al 08 de enero de 2021, indica que el órgano encargado de las contrataciones de Sedalib S.A., no efectuó correctamente la fiscalización posterior a la propuesta de la corporación ganadora de la buena pro, que acreditó como experiencia de postor la subcontratación para la ejecución de una obra en Cachicadan (Santiago de Chuco), sin estar inscrito (en dicho momento) en el Registro Nacional de Proveedores.

Asimismo, se otorgó conformidad al trámite y al pago de valorizaciones, y se aprobó la liquidación técnica financiera del contrato de la obra, sin advertir que el personal clave (residente e ingeniero especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional) no participó en forma permanente y directa durante la ejecución de la obra, lo que generó que no se apliquen penalidades y que se reconozcan gastos generales que no correspondían, por el monto total de S/ 69 315. 75.

El supervisor de la obra tampoco participó en forma permanente y directa durante la ejecución de la obra, por lo que existe el riesgo potencial que la entidad pague S/ 6 396.28 por la supervisión y no cobre penalidades por el monto máximo de S/ 2 018.39.

Por este caso, se identificó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de cuatro servidores y exservidores públicos.