Ocho personas murieron asfixiadas por derrumbes en un socavón ilegal ubicado en el conocido cerro El Toro de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, el 30 de marzo del 2019. No tenían ningún equipo de seguridad laboral, ni seguían protocolos de salud. Solo cascos de protección en desuso, trapos en vez de mascarillas y descalzos. Y como es costumbre en la zona los silencios tienen tarifa para no dar con los responsables de esta ilícita actividad.
Tres años después será responsabilidad de la juez Silvia Mercedes Sánchez Haro, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamachuco, el de hacer responder ante la justicia a Oswaldo Alva Polo y su socio Luis Miguel Reyes Ríos, sujetos sindicados de administrar el socavón donde murieron esas ocho personas.
Será este 30 de mayo el día de la audiencia de control de acusación, en donde la magistrada decidirá si ambos acusados pasarán a juicio oral por los decesos de Orlando Francisco Valderrama Victorio y siete personas más, cuyos familiares esperan que las muertes no queden impunes como suele ocurrir en el cerro El Toro.
De acuerdo a la investigación fiscal, Alva Polo y Reyes Ríos regentaban el socavón ilegal de Huamachuco. Y según se lee en el expediente, Alva y su socio coaccionaron el ingreso de las ocho personas bajo amenaza de despedirlos. Los desafortunados trabajadores le reclamaron por los derrumbes que ya se habían producido, pero Alva Polo habría insistido en que debían ingresar.
Por esa razón, el fallecido fiscal de Huamachuco, Henry Espinoza Urbina formalizó investigación por la comisión del delito de homicidio doloso con una pena no menor de seis años, ni mayor de veinte años. Sin embargo, los deudos cuestionaron que el fiscal Provisional de Huamachuco, Ronald Lorenzo Urrutia Castillo, quien asumió el caso, cambió la comisión del delito a homicidio culposo. Es decir, la pena por la muerte de ocho personas sería máxima solo de dos años.
Urrutia Castillo, es el mismo que acusó al minero ilegal Jorge Espejo Moreno por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo por la muerte de otras cuatro personas. Como si la muerte no significara mucho, repite una conclusión que beneficia a los imputados relacionados a la minería ilegal.
“El fiscal Ronald Urrutia Castillo, en el expediente 543- 2019 hace el requerimiento acusatorio contra Oswaldo Alva Polo y Luis Miguel Reyes Ríos por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo. Un agravio directo para todos los deudos porque significa que Alva Polo no pisará jamás un penal por el delito que se le imputa”, cuestionó el consejero regional Greco Quiroz.
Ante ello, la autoridad instó a la jefa de Control Interno de la Fiscalía y la presidenta de la Junta de Fiscales de La Libertad iniciar una investigación, en forma urgente, para saber qué ha sucedido realmente. “Es un insulto a los deudos y a todos los que enfrentaron con firmeza a la minería ilegal. Exigimos al Ministerio Público rectifique, en segunda instancia, la decisión de este fiscal. No se pueden asignar causas de este tipo a fiscales provisionales porque en cualquier momento se pueden ir”, aseveró.
Mientras se realizaban las investigaciones fiscales, Oswaldo Alva Polo logró convertirse en agente municipal de Shiracmaca. Según lo narrado por quienes estuvieron el día de las elecciones, votaron por él sus feligreses y familia que no reside en el caserío. Por esas dos razones y por no residir en el caserío, la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión no reconoció su nombramiento. Alva Polo, ante tal situación, pudo asumir gracias a una medida cautelar del Poder Judicial.