La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la ejecución de una vía vecinal, que une los distritos de Bambamarca y Condomarca en la provincia de Bolívar, lo que generó un perjuicio económico de S/ 1 199 492. La ejecución de la obra fue adjudicada en el 2018, a una empresa consorciada, por más de 3.8 millones de soles.

El Informe de Control Específico N.º 001-2022-2-0418-SCE, que evaluó el periodo 01 de setiembre de 2018 al 30 de noviembre de 2020, detalla que funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Bolívar otorgaron conformidad a valorizaciones, recibieron y liquidaron la obra haciendo constar que se ejecutó en su totalidad; sin embargo, el contratista no cumplió con todas las actividades programadas e hizo cambios no aprobados por la comuna provincial.

Además, la creación de esta vía vecinal se ejecutó sin la participación permanente y directa del residente de obra, puesto que en forma paralela participó en un proyecto ejecutado por la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. Asimismo, la obra se ejecutó en 171 días calendarios y no en los 150 días que establece el contrato, lo que debió ameritar que el Municipio de Bolívar cobre una penalidad por mora debido al incumplimiento del plazo contractual.

Respecto a la supervisión, la Contraloría General identificó omisión del cobro de penalidades por la falta de permanencia del jefe de supervisión por 31 días en la ejecución de la obra, así como el pago íntegro a tres profesionales que en determinados días no estuvieron durante la ejecución del servicio (jefe de supervisión, especialista en metrados y valorizaciones y especialista en topografía).

También se evidenció que la única persona natural integrante de la empresa consorciada tenía -al momento de la contratación- sanción vigente impuesta por la Contraloría. Estaba inhabilitada para contratar con el Estado por cinco años (desde el 15 de marzo de 2017 hasta el 15 de marzo de 2022), por incurrir en dos infracciones muy graves en una obra ejecutada por la Municipalidad Provincial de Otuzco.

Es de precisar que, en calidad de postor, la referida persona natural declaró bajo juramento no estar impedida para postular en el procedimiento de selección, ni para contratar con el Estado; por lo tanto, correspondía a la Municipalidad Provincial de Bolívar comunicar este hecho al Ministerio Público y al Tribunal de Contrataciones del Estado, para que ejecuten las acciones que correspondan.

Por este caso se identificó presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa en nueve funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Bolívar; cuatro de ellos, actualmente, sin vínculo laboral con dicha comuna.

El informe de control específico fue comunicado al procurador público especializado en delitos de corrupción para el inicio de la acción penal respectiva; al procurador público de la Contraloría General de la República para el inicio de la acción civil y al alcalde provincial de Bolívar para el deslinde de las responsabilidades administrativas.