A pocos días de la entrada en vigencia del Decreto Supremo No. 001-2022-TR, que impone restricciones a la tercerización y ante la reciente publicación del Decreto Supremo No. 015-2022-TR, que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección, creando nuevas infracciones y multas a imponer por parte de la Sunafil, relacionadas al incumplimiento de las nuevas normas sobre tercerización, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) muestra su preocupación ante el atentado que estas representan para el crecimiento del empleo y la formalidad en nuestro país.
El gremio empresarial sostiene que analizando técnicamente el Decreto Supremo No. 001-2022-TR se observa que la verdadera intención del Gobierno ha sido, en la práctica, prohibir el uso de la tercerización por parte de las empresas, para lo cual se ha creado el concepto genérico de ‘núcleo del negocio’, con el objetivo de que ninguna actividad vinculada a este pueda ser tercerizada.
Este concepto de ‘núcleo del negocio’ contiene criterios que hacen posible que cualquier actividad de una empresa encaje en él, haciendo que muy pocas o ninguna actividad pueda ser tercerizada, con todos los inconvenientes que esto genera tanto para las empresas que requieren tercerizar servicios, como para las micro y pequeñas empresas que los brindan, y también a los trabajadores que ahora laboran bajo esta modalidad y que ya no podrán hacerlo.
En tanto, el Decreto Supremo No. 015-2022-TR que crea nuevas infracciones laborales y cuantiosas multas relacionadas al incumplimiento de las nuevas normas de tercerización, como el desarrollo de actividades que forman parte del ‘núcleo del negocio’ o usarla para el desarrollo de actividades distintas a las principales.
“La intención del Gobierno al emitir estas normas parece ser perseguir con multas a las empresas que la utilizan, lo que resulta un contrasentido, dado la crisis económica que estamos viviendo, cuando lo que se requiere es incentivar inversiones que permitan generar más puestos de trabajo dignos para todos los peruanos, y este el rol principal de la empresa privada”, sostuvo el presidente de la CCLL, Alfonso Medrano Samame.
Frente a esta situación, el gremio empresarial demanda la urgente evaluación de las referidas normas por parte de las instancias competentes, a fin de evitar un mayor perjuicio a la economía nacional.