El anuncio del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones generales anticipadas, presenta diversas diferencias con la situación que se generó en el Perú tras el último intento de golpe de estado.
Si bien, Guillermo Lasso estaba siendo sometido a un juicio político, el anuncio no lo mantendría a cargo del Ejecutivo. El presidente ecuatoriano, en su discurso de disolución del Congreso, convocó a nuevas elecciones generales, algo muy distinto a lo que hizo el exmandatario peruano Pedro Castillo.
“En Ecuador se realizó la llamada ‘muerte cruzada’, en donde se decide otorgar el poder soberano al pueblo para que elija a sus autoridades, en una acción totalmente constitucional, según el artículo 148 de la Constitución de dicho país. En Perú, en cambio, necesitamos dos cuestiones de confianza negadas, así que lo sucedido en Ecuador no es un autogolpe”, explicó el Mgtr. Juan Alberto Castañeda, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo.
La ‘muerte cruzada’ se aplica por primera vez en Ecuador y es una figura constitucional que puede ser invocada solo una vez durante los tres primeros años del mandato presidencial.
Para entender la crisis ecuatoriana, el especialista en derecho plantea tres conceptos básicos:
Para entender la crisis ecuatoriana, el especialista en derecho plantea tres conceptos básicos:
1. La ‘muerte cruzada’ es una figura constitucional y democrática parlamentaria que se realiza a discreción del mandatario. Guillermo Lasso la activó luego de defenderse frente a un congreso de mayoría opositora.
2. La crisis en Ecuador evidencia que el control político de parte del Ejecutivo y del Parlamento es suficientemente racional para dar respuesta a este tema desde un enfoque democrático.
3. Si bien es cierto que el decreto de ‘muerte cruzada’ es constitucional, ha sido totalmente instrumentalizado por el presidente Lasso, quien enfrentaba un juicio por peculado. Por ende, el mandatario ha empleado esta figura para cerrar los dos poderes del Estado y evadir la justicia de la Asamblea y la justicia penal.