Hay hasta dos solicitudes para suspender al burgomaestre provincial de Trujillo, César Arturo Fernández Bazán, luego de que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ratificará la condena de un año de prisión pendiente en su ejecución contra la autoridad local, por el delito de difamación agravada en perjuicio de una agente policial.

Una presentada por el exregidor trujillano de APP, Andree Gallo Lezama, y otra por el exconcejal de La Esperanza, Rafael Vera Alvites.

La decisión del concejal deberá ser confirmada o no por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que tiene la última palabra.