En la complicada red de la administración judicial que existe en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y en Lima, un caso destaca por su notoriedad debido a su trámite excepcionalmente prolongado y las implicaciones que esto tiene sobre el derecho al debido proceso.

Se trata de la solicitud de liberación condicional de Santos Wilder Vigo Villanueva, cuya tramitación ha quedado atrapada en un laberinto burocrático, revelando falencias estructurales y operativas dentro del Poder Judicial, en Trujillo.

El trámite se inició el 16 de agosto de 2022. Santos Wilder Vigo Villanueva, a través de su abogado José Martin Ordinola Vieyra, presentó una solicitud de liberación condicional ante el Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento Penal de Trujillo. La esperanza era que este beneficio le permitiera reintegrarse a la sociedad tras cumplir con los requisitos penitenciarios exigidos por ley; sin embargo, se topó con un laberinto burocrático complicado de salir.

A pesar de que la documentación requerida fue remitida por el director del establecimiento penitenciario en octubre del mismo año, lo que siguió fue una serie de traslados entre diversas instancias judiciales que más parecen reflejar un partido de tenis que un proceso judicial serio y responsable.

Desde la Sala Mixta Descentralizada de Sánchez Carrión hasta el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en Lima, el expediente de Vigo Villanueva ha sido objeto de múltiples devoluciones y redistribuciones, sin que ninguna autoridad asuma competencia final.

“Este retraso no es solo un número en un archivo. Afecta directamente a un ser humano que, en teoría, podría estar en su derecho de regresar a un entorno normalizado tras pagar su deuda con la sociedad. Además, este caso pone en tela de juicio la eficiencia y la eficacia del sistema judicial peruano, ya que refleja una falta grave en la administración de justicia que impacta negativamente la percepción pública sobre su imparcialidad y agilidad”, expresó el abogado de Santos Wilder Vigo Villanueva.

Ordinola Vieyra ha elevado una queja formal ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, demandando no solo la resolución del caso, sino también una investigación profunda sobre las causas de estos retrasos inexplicables. “La comunidad legal y los derechos humanos observan con preocupación, ya que este no es un incidente aislado sino una manifestación de un problema mucho más profundo y sistemático. Se debe implementar cambios estructurales que prevengan la repetición de tales escenarios, donde somos perjudicados todos. La sociedad peruana y la comunidad internacional esperan acciones concretas que restauran la fe en un sistema diseñado para proteger los derechos de todos los ciudadanos por igual”, añadió el abogado.