Nos encontramos en un momento histórico, uno en el que el clamor de nuestro pueblo resuena con fuerza y justicia. Exijo el fin de la corrupción, de la ineficiencia y del abuso que han gangrenado instituciones que deberían ser los pilares de nuestra República. El Poder Judicial y el Ministerio Público, llamados a ser guardianes de la justicia y defensores de la equidad, han sido contaminados por intereses mezquinos que traicionan la causa del pueblo. Ante esta cruda realidad, la patria requiere una reconversión revolucionaria, una transformación que no puede esperar más.
César Sandoval Pozo
Abogado
No podemos ignorar las cifras que manchan el nombre de nuestro país. El 85% de los peruanos percibe a nuestro Poder Judicial como corrupto, mientras que el 73% denuncia lo mismo del Ministerio Público. Este no es un simple malestar pasajero; es un grito que exige una respuesta profunda, responsable y valiente.
La justicia es el alma de una democracia auténtica. Si fallamos en este deber esencial, si permitimos que la corrupción siga infestando dichas instituciones, no solo traicionamos al pueblo, sino también el legado de aquellos que han luchado y entregado su vida por la libertad y la dignidad de nuestra nación.
Cuando hablamos de una reconversión revolucionaria del Poder Judicial y del Ministerio Publico no nos referimos a cambios superficiales o a ajustes burocráticos que intentan apagar el fuego de la indignación popular con parches fríos. Hablamos de una transformación radical, de una nueva construcción que reconozca al Perú como una tierra de justicia y derechos. Porque, como siempre he defendido, el Perú debe ser para los peruanos, y la justicia debe ser una conquista de todo el pueblo, no un privilegio de unos pocos.
La reconversión revolucionaria de la justicia que necesitamos debe partir de principios sólidos e irrenunciables.
Es hora de que el Poder Judicial y el Ministerio Público dejen de ser herramientas de represión al servicio de los poderosos y/o de las ONG y se conviertan en verdaderos instrumentos de equidad. Los jueces y fiscales deben ser elegidos por su integridad y compromiso con el país, no por su cercanía a intereses políticos o económicos. La justicia debe estar al alcance de todos, sin importar origen ni condición.
No podemos tolerar más el estancamiento de procesos judiciales que duran años y sumen a los peruanos en la desesperanza. La modernización del sistema, la eliminación de prácticas corruptas y la digitalización de los procesos son imperativos ineludibles para que el acceso a la justicia sea rápido, eficiente y transparente.
El Perú necesita jueces y fiscales que sean realmente libres y que luchen contra la delincuencia y la criminalidad de las calles, que no deban favores a nadie y que no sucumban a las presiones del poder político o económico. Propongo la creación de una comisión independiente, compuesta por representantes del pueblo, expertos en derecho y defensores de la democracia, que garantice ante cualquier situación de duda la independencia y la imparcialidad de nuestras instituciones.
Se deben establecer plazos perentorios para cada etapa del proceso, de manera que se garantice una justicia oportuna. Porque la justicia retrasada es, en esencia, justicia negada o ya no es justicia.
La prisión preventiva, concebida como medida excepcional, ha sido pervertida hasta convertirse en norma abusiva. No podemos permitir que se siga utilizando para coaccionar o silenciar a quienes no han sido debidamente juzgados. La presunción de inocencia es un derecho fundamental que no podemos seguir violando.
El pueblo tiene derecho a saber cómo se manejan los casos en su país. Es necesario crear plataformas públicas de acceso donde se pueda monitorear el avance de los procesos judiciales y el desempeño de los funcionarios. La transparencia será el antídoto más eficaz contra la corrupción.
Los magistrados deben ser formados en los principios más elevados de ética, derechos humanos y compromiso con la verdad. Solo a través de una educación sólida y constante podremos erradicar las prácticas corruptas y construir un sistema judicial digno de la grandeza del Perú.
Compatriotas, el Perú exige una justicia verdadera. No podemos esperar más. No podemos continuar como un país donde el derecho y la ley se tuercen para servir a los intereses de unos pocos. Es nuestra responsabilidad, como hijos de esta tierra, luchar por un Perú donde la justicia sea tan vasta como nuestras montañas y tan profunda como nuestros ríos.
No hablamos de una reconversión revolucionaria violenta, sino de una revolución de conciencia, de valores y de principios. Porque, como siempre he dicho, el ejercicio político debe buscar la defensa de la justicia social y la dignidad humana. Hoy, más que nunca, el Perú necesita esa justicia, esa dignidad, ese compromiso inquebrantable con los derechos del pueblo.