Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) expresó su más profunda solidaridad con las familias de las trece víctimas del repudiable acto de violencia criminal ocurrido en el distrito de Pataz.

Sin embargo, considera que la decisión del Gobierno de suspender el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito para el desarrollo de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Tayabamba y también en Parcoy, sin diferenciar entre operaciones formales y actividades informales o ilegales, representa una medida desproporcionada y contraria a los principios constitucionales que amparan la libertad de empresa y el derecho al trabajo.

La empresa se encuentra ubicada en el distrito de Parcoy, a más de 90 kilómetros del distrito de Pataz, donde se registraron los hechos que condenan. «Las operaciones se han caracterizado por desenvolverse en un entorno de paz social, diálogo constante y acuerdos sostenibles con nuestras comunidades vecinas, como Llacuabamba, que también realiza actividad minera formal debidamente autorizada por el Estado. En nuestra unidad minera laboran más de 4,500 personas entre trabajadores propios y contratistas, quienes también se verán seriamente afectados por esta medida, al igual que sus familias, que dependen directamente de ellos”, indicaron.

En este sentido, respaldaron la necesidad de una intervención decidida del Estado y valoran la presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Sin embargo, consideran que la imposición de restricciones a la libertad de tránsito que materialmente impiden el desarrollo de actividades mineras formales. “Solo debilita al sector formal sin atacar el verdadero origen del problema: la minería ilegal, la informalidad y la falta de autoridad efectiva. La paralización de nuestras actividades no solo afectaría a la producción minera, sino también a miles de puestos de trabajo, cadenas de proveedores, comercios y economías locales», indicaron.