Las elecciones generales, regionales y municipales de 2026 podrían ser las más peligrosas para la democracia peruana. La advertencia es clara: las mafias de la minería ilegal —la economía ilícita más lucrativa del país— ya mueven miles de millones de dólares y estarían listas para financiar miles de campañas electorales a fin de capturar el poder político y proteger sus intereses.
Según el estudio “Tendencias y alertas 4 – Estimaciones de economías ilegales en el Perú”, con sus más de 4,600 millones de dólares anuales, los mineros ilegales tienen capacidad económica para financiar hasta 2,368 campañas presidenciales, 57,728 campañas congresales y más de 51,000 campañas regionales y locales.
El objetivo: infiltrar partidos, colocar operadores en el Congreso y en gobiernos subnacionales y asegurarse impunidad.
El abogado especialista en derecho ambiental, César Ipenza, sostiene que los mineros ilegales ya cuentan con una bancada multipartidaria en el Congreso, integrada por legisladores de bancadas como Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre, Acción Popular, APP, Somos Perú, Renovación Popular y Podemos Perú, quienes han impulsado o respaldado normas en beneficio de esta actividad.
El especialista indica que el patrón es claro: infiltrar partidos, financiar líderes locales, manipular agendas políticas, y utilizar fundaciones, empresas fachada y donaciones para mover dinero sucio en las campañas.
Más poder que el narco
Ipenza advierte que en el 2026, los mineros ilegales podrían incidir en todas las etapas del proceso electoral: afiliación de operadores en partidos, selección y apoyo a candidatos funcionales a sus intereses, financiamiento de campañas a través de intermediarios y testaferros, influencia en el debate público y manipulación de encuestas y medios. “Lo ocurrido con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es solo una muestra: con su bancada en el Congreso y aliados en gobiernos regionales, lograron frenar políticas más estrictas y ampliar plazos a su favor”, remarcó.
El abogado alertó, además, que actualmente no existen mecanismos efectivos para auditar los aportes de campaña, rastrear el origen de los fondos ni exigir estándares éticos verificables a partidos y candidatos. La inteligencia financiera y la fiscalización electoral siguen siendo débiles. “De no tomarse medidas urgentes, las elecciones de 2026 podrían consolidar la captura del Estado por las economías ilegales, desplazando la representación ciudadana por los intereses de las mafias”, agregó.