La Contraloría General de la República concluyó que la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio – Hidrandina S.A. causó un perjuicio económico al Estado de S/ 75 834 al entregar diez suministros temporales que no fueron retirados a tiempo. Además, no se cobró toda la energía consumida ni se hicieron las liquidaciones finales correspondientes.

Según el Informe de Auditoría N.º 60-2025-2-0148-AC, que comprende el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2024, esta situación se originó por la inacción u omisión de cinco funcionarios de las Unidades Empresariales La Libertad Norte y Huaraz, al permitir que los suministros temporales se retiraran fuera de plazo, sin asegurar una medición adecuada del consumo mediante lecturas reales. Además, se emitieron cargos mensuales que no reflejaban el consumo real de energía.

Los suministros temporales fueron solicitados por instituciones públicas, empresas privadas y personas naturales. Estas son: una constructora e inmobiliaria, dos personas naturales para la venta de comida en un campo ferial en Guadalupe y para el funcionamiento de juegos recreativos en Chepén, respectivamente; así también, la Corte Superior de Justicia de La Libertad, EsSalud, el centro educativo José Andrés Rázuri en San Pedro de Lloc, y tres contratistas vinculados a obras públicas.

En el caso de la constructora, se comprobó que el suministro temporal fue autorizado solo por 32 días, entre el 12 de diciembre de 2018 y el 12 de enero de 2019, para el desarrollo de una actividad en Chepén, acto que no informó pese a estar obligada. Sin embargo, Hidrandina recién lo retiró dos años después, el 21 de enero de 2021, sin que se cobrara por el consumo fuera del plazo establecido ni se realizara la liquidación correspondiente.

Similar situación ocurrió con los suministros temporales otorgados a la Corte Superior de Justicia de La Libertad y al colegio estatal José Andrés Rázuri. En el primer caso, se trató de un suministro autorizado por tres meses para la construcción de su sede judicial en Chepén, en 2021, pero que fue retirado luego de 583 días. En el segundo, el suministro fue para el inicio de las clases escolares por un mes, pero se retiró con 189 días de retraso.

Por los hechos expuestos se identificaron presuntas responsabilidades civiles y/o administrativas en los cinco funcionarios involucrados; por ello, el informe fue derivado a la Procuraduría Pública de la Contraloría y al presidente del Directorio de Hidrandina para el inicio de las acciones que correspondan.