En La Libertad, el presupuesto del Gobierno Nacional destinado a combatir la minería ilegal se redujo casi 72% entre 2023 y 2024. Con este recorte, la región pasó a ser la tercera con mayor disminución de recursos en el país, después de Áncash e Ica. Esto limita la capacidad de las instituciones locales para fiscalizar y proteger la economía liberteña frente a una actividad que genera pérdidas y riesgos sociales. En 2024, las exportaciones de oro ilegal desde Perú crecieron 20% respecto a 2023, superando las 90 toneladas y alcanzando un valor de 7,400 millones de dólares.
“La minería ilegal no deja nada a la región: se instala en zonas prohibidas, no paga impuestos ni respeta derechos laborales, y está ligada al contrabando y al crimen organizado. En cambio, la minería formal sí aporta: paga impuestos y regalías que financian escuelas, hospitales y obras públicas, además de generar empleo para las familias. Mientras la formal contribuye al desarrollo, la ilegal solo trae violencia, contaminación y pérdida de oportunidades”, explicó Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Por ejemplo, mientras una minera formal aporta impuestos y regalías que luego financian escuelas u hospitales, la minería ilegal vende el mismo oro sin dejar ningún sol al Estado. De acuerdo con estimaciones del Colectivo PAS-País Seguro, La Libertad perdería por la minería ilegal S/215 millones, equivalente al 6% de su presupuesto anual. Esto se traduce en impuestos no pagados que pudieron ser invertidos en salud, educación y servicios.
Esta expansión de la minería ilegal, asimismo, está deteriorando el medio ambiente y limitando las oportunidades de desarrollo para la región. De acuerdo con la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (2024), esta actividad fomenta la violencia y la desconfianza hacia el Estado, debilita la economía formal, mueve dinero ilícito, refuerza la corrupción y contamina los recursos naturales que sostienen la vida de miles de familias.
“Al extenderse en territorios donde el Estado no logra fiscalizar, transmite la idea que la ley no se cumple, lo que reduce la confianza ciudadana. Esta percepción, además, debilita el respeto a las normas entre los propios ciudadanos. Y las consecuencias son visibles: mientras la economía formal pierde terreno y oportunidades de empleo, el dinero ilícito gana espacio y se refuerzan prácticas que afectan la convivencia social, como la violencia y la corrupción. Así, el crecimiento de esta actividad ilegal mina las bases de la confianza y del desarrollo regional”, precisó el especialista.
El economista de REDES explicó que enfrentar la minería ilegal requiere medidas claras: reforzar la presencia del Estado en las zonas donde esta actividad avanza, asegurar que las instituciones locales cuenten con presupuesto y capacidad para fiscalizar, y establecer sanciones efectivas contra quienes promueven o se benefician de ella. Solo con una estrategia integral que combine control, sanción y oportunidades, se podrá reducir el impacto de esta actividad en regiones como La Libertad.