La Contraloría General de la República identificó presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas en dos funcionarios y tres servidores de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) por irregularidades en el diseño y ejecución de las obras en la quebrada San Idelfonso, ubicada en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo.
El megaproyecto de infraestructura hidráulica, destinado a proteger la ciudad de Trujillo y sus zonas aledañas frente a los desbordes ocasionados por lluvias intensas, constituye una de las principales intervenciones del Estado para mitigar los efectos del cambio climático en la costa norte del país. Su ejecución se desarrolla bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 12177-2025, que evaluó el periodo comprendido entre el 8 de abril de 2021 y el 6 de abril de 2025, los hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Ello, debido a la suscripción de un acuerdo con el contratista sin sustento técnico ni respaldo contractual, y en contradicción con el análisis formulado por el propio equipo técnico del ANIN vinculado a la obra.
Dicho acuerdo permitió reconocer 162 días calendario adicionales al plazo de aceptación del diseño final del megaproyecto, lo que derivó en la inaplicación de penalidades por S/ 1.9 millones debido al incumplimiento en la fecha de entrega; y que el contratista obtenga, además, una ampliación de 145 días para finalizar las obras, junto con el reconocimiento de costos e intereses por ese periodo.
A su vez, durante la construcción de una de las estructuras para la conducción de la quebrada, el contratista logró que se le reconocieran otros 203 días calendarios para finalizar el proyecto, así como un pago adicional de S/ 25.8 millones. De este monto, ya se desembolsaron S/ 7.1 millones que, según el informe de auditoría, representan un perjuicio económico para el Estado.
Asimismo, el contratista incrementó nuevamente el costo del megaproyecto en S/ 3.9 millones al ejecutar una alternativa de solución frente al riesgo de deslizamientos y retrasos en la construcción de otra de las estructuras de conducción de la quebrada. Según el informe, esta situación fue originada por la presencia de material eólico en la zona, un problema que pudo haberse evitado si los estudios preliminares se hubieran realizado sobre el eje correcto del proyecto.
Finalmente, otros S/ 3.4 millones fueron pagados al contratista generando otro perjuicio económico para el Estado, por ajustes en los precios derivados del hallazgo de condiciones geotécnicas del subsuelo distintas a las previstas en el diseño original para la construcción de un túnel. Según el equipo auditor, esta situación pudo haberse evitado si los estudios geotécnicos elaborados por el contratista hubieran sido correctamente ubicados y técnicamente adecuados.