Un reciente estudio del Centro Wiñaq, basado en encuestas y grupos focales de Datum Internacional, ha revelado una dura verdad: la mayoría de los peruanos percibe la minería ilegal como una actividad ligada al crimen organizado, la corrupción política y la destrucción ambiental.
Pese a este contundente rechazo ciudadano, en el Congreso de la República se han presentado tres proyectos de ley que buscan ampliar nuevamente el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo que —según diversos especialistas— termina sirviendo como escudo para encubrir operaciones ilícitas.
El informe de Wiñaq muestra que más del 70 % de los peruanos considera que la minería ilegal afecta directamente la seguridad, la salud pública y el medio ambiente.
Además, un 51 % respalda que se establezca un último plazo definitivo para el Reinfo, mientras que un 34 % exige el cierre inmediato de todas las operaciones ilegales, sin más extensiones.
“La minería ilegal no solo destruye los ríos y los bosques, sino que también trae violencia, trata de personas y corrupción en las instituciones”, concluye el estudio en base a los testimonios recogidos en el norte, sur y Lima.
El documento resalta que esta percepción es transversal a las regiones mineras: en Puno, Madre de Dios, Cajamarca y La Libertad, los ciudadanos asocian la minería ilegal con pérdida de control estatal y expansión del crimen organizado.