El debate sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha vuelto a colocar en tensión al Congreso de la República y a las organizaciones que vigilan el avance de la minería ilegal en el país.
Para Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), la decisión que debe tomar el Parlamento este 17 de noviembre no admite ambigüedades: el Reinfo debe cerrarse. Mantenerlo abierto, advierte, solo reforzaría un sistema que en más de dos décadas no ha cumplido su propósito y que hoy funciona como una plataforma funcional para mafias dedicadas a la extracción ilegal de minerales.
Garay sostiene que las cifras son la evidencia más contundente del fracaso. El Reinfo nació como una herramienta para ordenar y formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales, pero tras casi una década de operación los resultados revelan un panorama desalentador.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, se inscribieron 87 111 personas; sin embargo, solo 2 181 —un 2,6 %— alcanzaron la formalización. En contraste, 65 101 fueron suspendidos por incumplir los requisitos. Pese a ello, miles continúan operando bajo la apariencia de “informales en proceso”, lo que en la práctica los blinda frente a intervenciones policiales y fiscales.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá si aprueba una nueva ampliación —la quinta en una década— cuya vigencia actual concluye el 31 de diciembre. El dictamen, promovido por el congresista Roberto Sánchez, propone extender el registro hasta diciembre del 2027 e incluso reincorporar a 50 mil mineros que fueron excluidos por no cumplir con los requisitos legales durante más de un año. Para los defensores del Reinfo, esta prórroga sería “una oportunidad más” para avanzar hacia la formalización. Para los especialistas, sin embargo, es persistir en un error que está costando muy caro al país.
Garay explica que el Reinfo no solo ha fallado, sino que ha facilitado la expansión descontrolada de actividades en zonas prohibidas. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y el Sernanp han detectado la presencia de operadores inscritos en el registro trabajando en ríos amazónicos, interviniendo reservas nacionales, ingresando maquinaria pesada en territorios frágiles o afectando áreas arqueológicas como la zona de amortiguamiento de las Líneas de Nasca.