La publicación de las listas preliminares para el nuevo Congreso de la República bicameral ha encendido una señal de alerta democrática. Registros electorales, datos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) e investigaciones independientes revelan que al menos 20 precandidatos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados mantienen inscripciones vigentes o suspendidas en el Reinfo, asesorías a gremios mineros o vínculos directos con la minería informal.

El fenómeno atraviesa partidos de izquierda, centro y derecha, y se repite en Cusco, Apurímac, Ica, La Libertad, Puno, Lima y la Amazonía.

Según la información disponible en los registros de candidaturas para elecciones internas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), contrastada con el Reinfo, varios aspirantes al Parlamento aparecen con derechos mineros activos o suspendidos, o con relaciones políticas y legales con organizaciones del sector. El dato no es menor: el próximo Congreso tendrá la responsabilidad de legislar sobre minería, ambiente, ordenamiento territorial y formalización, áreas directamente impactadas por estos intereses.