Tres policías sentenciados por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y que hoy tienen orden de captura, reclaman justicia. Los argumentos de su defensa fueron sólidos, pero el fallo hoy los obliga, desde la clandestinidad, a luchar por su honor y justicia. Hoy lunes 5 de enero, sus familiares marcharon por las calles de Trujillo.

Se trata del caso de Azul Rojas Marín, mujer transgénero y activista de derechos LGBTI a la que los policías Luis Quispe, Juan León y Dino Ponce, con serenos municipales, intervinieron en Casa Grande, pasada la medianoche del 25 de febrero del 2008, a Luis Alberto Rojas Marín y como no tenía documentos fue llevado a la comisaría.

Aproximadamente a las 2 de la mañana, se le dejó en libertad, toda vez que no había motivo para su detención o permanencia. En la comisaría había más efectivos policiales de servicio, incluso el comandante de guardia, el suboficial PNP, Ricardo Abanto Ramos.

Al día siguiente, la intervenida denunció ante medios de comunicación local que fue golpeada y que le sustrajeron su billetera con 150 soles y celular, omitiendo entonces otro tipo de abusos. Después, fue a la Fiscalía y allí le dieron una orden para reconocimiento médico legal, lo que hizo al día siguiente, simulando que no podía caminar y denunciando recién que fue golpeado y violado con una vara de ley, debido a ser una persona LGBTI.

La Fiscalía abrió investigación y pidió prisión preventiva contra los tres policías, pero 7 días después fueron liberados en razón a que se revocó la resolución de detención, proceso que fue archivado toda vez que nunca se encontró prueba objetiva alguna y por constantes contradicciones en las declaraciones del agraviado.

Durante el proceso judicial en el Perú, el perito que hizo el examen, concluyó ante la Fiscalía Provincial Especializada que no hubo violación con vara policial.