El Gobierno Regional de La Libertad promueve el uso de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, un canal efectivo, seguro y confiable para que la ciudadanía liberteña denuncie presuntos actos de corrupción en la administración pública.
Como resultado de esta política, durante el mes de enero de 2026 se recibieron 12 denuncias por presuntos actos de corrupción mediante la plataforma digital, reflejando una participación ciudadana activa, responsable y comprometida con la vigilancia de los recursos públicos. Todas las denuncias han sido tramitadas e investigadas conforme al marco normativo vigente, en cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1327 y la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N.° 005-2023-PCM/SIP.
Inician las investigaciones
Del total de denuncias recibidas, siete fueron derivadas a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario para el inicio de las investigaciones correspondientes, cuatro de ellas vinculadas al sector educación. Asimismo, dos denuncias fueron trasladadas a la Contraloría General de la República por corresponder a su competencia funcional, mientras que las demás fueron derivadas a las áreas correspondientes para el trámite respectivo.
Cabe precisar que una de las denuncias fue observada por no cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa vigente, tales como la coherencia en la redacción de los hechos, la identificación del presunto responsable o del área involucrada, la materialidad del hecho denunciado y la presentación o indicación de la ubicación de los medios probatorios.
La Plataforma Digital Única de Denuncias garantiza que cada caso sea evaluado asegurando confidencialidad, rigurosidad técnica y celeridad en el proceso. Aquellas denuncias que cumplen con los requisitos son derivadas, en un plazo máximo de un día hábil, a las instancias competentes para el inicio de las investigaciones y la aplicación de las sanciones correspondientes.
Se protegerá al denunciante
El sistema también contempla mecanismos de protección para el denunciante, como la reserva de identidad, la protección laboral o la protección como postor en procesos de contratación pública, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo una cultura de denuncia segura, responsable y sin represalias.