El Congreso busca cambiar el régimen de concesiones mineras, lo que golpearía el financiamiento de obras en regiones con la reducción de transferencias por canon y regalías. Reducir plazos, endurecer sanciones y encarecer las concesiones afectaría a las empresas y comprometería los recursos que llegan a gobiernos regionales y municipales.
Estos gobiernos reciben miles de millones de soles cada año. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), solo en 2025, las transferencias por canon, regalías y otros conceptos superaron los 10,045 millones de soles. De ese total, el canon aportó más de 6,992 millones y las regalías sumaron 2,687 millones.
Con ese dinero se financian carreteras, colegios, hospitales y sistemas de agua potable. Para muchas regiones, estos recursos representan hasta tres cuartas partes de su presupuesto. Áncash recibió cerca de 1,790 millones de soles en 2025. Le siguen Arequipa con 1,285 millones, Moquegua con 1,025 millones y Tacna con 978 millones.
El canon equivale al 50 % del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. La mitad se queda en el gobierno nacional y la otra se distribuye entre las regiones productoras. “Su adecuada orientación permite fortalecer la legitimidad del sector minero, consolidar una relación virtuosa entre actividad extractiva y desarrollo local, y sentar las bases para un crecimiento económico inclusivo”, señala el Minem.
Para que estos recursos lleguen, los proyectos deben desarrollarse y entrar en producción. Sin producción no hay impuesto a la renta; sin impuesto, no hay canon; sin canon, no hay obras.
Plazos reales y demoras
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), sacar adelante un proyecto puede tomar hasta 45 años desde el descubrimiento hasta la producción. Mientras que entre 1970 y 1990 tomaba en promedio 19.8 años, entre 2015 y 2025 ese tiempo se elevó a 39.2 años.
Estas demoras responden, principalmente, a retrasos en permisos y altos costos para mantener concesiones. Los plazos reales suelen superar los tiempos legales. Por eso, los cambios que impulsa la Comisión de Energía y Minas agravan esta situación al acortar plazos de concesión, elevar penalidades y encarecer proyectos.
Con dinero del canon y regalías se han financiado carreteras, hospitales, colegios y sistemas de agua y riego en la última década. El Minem reconoce que estas transferencias fortalecen la autonomía financiera de los gobiernos subnacionales y sostienen inversiones públicas.
Un régimen con más restricciones frenaría esas inversiones, paralizaría proyectos en exploración y desalentaría nuevas operaciones. El impacto se sentirá en pocos años cuando haya menos canon y, en consecuencia, menos dinero para hospitales, colegios y carreteras.
