Episodios recientes ponen en evidencia un nuevo fenómeno ligado a la minería informal e ilegal. Integrantes de algunas comunidades salieron a impedir las acciones de interdicción que realizaban las autoridades contra estas actividades.
En la ribera del río Marañón, en el centro poblado Nueva Esperanza, distrito de Puños, provincia de Huamalíes (Huánuco), unas 50 personas trataron de frustrar un operativo policial. Atacaron a los agentes que participaban en el operativo «Impacto–2026», destinado a destruir un campamento clandestino y decomisar maquinaria y equipos. No muy lejos, en Hualgayoc (Cajamarca), otro operativo terminó con la liberación de siete detenidos que acababan de ser sentenciados a siete meses de prisión preventiva, luego de que unas 80 personas ingresaran a la comisaría para agredir a los efectivos y lograr su escape.
Mucho antes, la zoóloga y bióloga Juliane Koepcke denunció que mineros ilegales que operaban en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, a orillas del río Yuyapichis, en Huánuco, contaban con el respaldo de la comunidad Pampas Verdes. Según esa denuncia, los dirigentes cobraban hasta 30 mil soles para proteger estas actividades y filtraban información para evitar las interdicciones.
Dante Vera, especialista de V&C Analistas, y Edwin Guzmán, especialista de Labor para el Desarrollo, explican que este fenómeno responde a una combinación de factores económicos, sociales y legales.
Según Vera, el primer factor es el incremento del precio del cobre y del oro, que convirtió a la minería en una alternativa mucho más rentable que la agricultura. A ello se suma la crisis de la pequeña producción campesina, que, según afirma, ha sido abandonada por el Estado y ya no garantiza ingresos suficientes para las familias rurales.
Guzmán, por su parte, señala que el avance de la minería informal e ilegal está estrechamente ligado a la ausencia del Estado. Sostiene que la falta de servicios básicos de calidad y la falta de oportunidades económicas, sumado al alza del precio del oro y el cobre, esta actividad se convierte en una alternativa para las comunidades. Como el Estado no garantiza servicios ni genera condiciones de desarrollo donde existen recursos minerales, se facilita la expansión de esta actividad ilícita.
Por otro lado, las comunidades tienen necesidades que el Estado aún no atiende, y estas se convierten en expectativas depositadas sobre las empresas formales. Vera señala que se espera empleo permanente, la compra de productos locales y la ejecución de obras de desarrollo; demandas que difícilmente cualquier empresa privada, por su propia naturaleza, podría satisfacer por completo. Además, la realización de obras depende, en gran medida, de la gestión pública local, muchas veces marcada por la corrupción. «Muchas comunidades concluyeron que, si la agricultura ya no alcanza, debían explotar ellas mismas los recursos que existen bajo su territorio», explica.
A ello, Guzmán agrega que la falta de empleo y las persistentes brechas sociales llevan a parte de la población a incorporarse no solo a la extracción de minerales, sino también a las actividades económicas que se desarrollan a su alrededor. «Las comunidades ven en estas actividades una oportunidad para obtener ingresos y enfrentar necesidades que el Estado no ha resuelto», señala.
Para Vera, el problema se agravó con el uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Aunque explotar una concesión ajena es ilegal, quienes cuentan con un Reinfo gozan de una protección temporal que limita la persecución penal. «El Reinfo terminó siendo un escudo para muchos mineros que operan en concesiones de terceros. Por eso existe tanta presión para mantenerlo vigente».
Guzmán añade que este entorno también favorece otras actividades ilícitas, como el tráfico de explosivos, la trata de personas y diversas formas de violencia, que son toleradas porque generan ingresos inmediatos para estas poblaciones.
Falta presencia del Estado
Frente a este escenario, Vera plantea cerrar definitivamente el Reinfo, al que considera un mecanismo fracasado; elaborar un censo nacional de pequeños mineros y buscar nuevas fórmulas para hacer viable la formalización.
Pero también precisa que la lucha contra esta minería no puede concentrarse únicamente en quienes extraen el mineral. «El verdadero negocio está en los acopiadores, plantas procesadoras y empresas exportadoras. Si el Estado no interviene esa cadena, seguirá atacando solo al eslabón más débil del problema».
Por su parte, Guzmán plantea que el próximo gobierno impulse una estrategia integral de desarrollo para las zonas mineras y fortalezca la presencia del Estado con servicios de calidad y entidades de fiscalización que cumplan sus funciones.
Sostiene también que las comunidades deben asumir un papel activo y marcar distancia de las actividades ilícitas. A su juicio, la minería ilegal genera ingresos temporales, pero no construye desarrollo sostenible. «Son economías de enclave que extraen riqueza, dejan algunos beneficios momentáneos y, cuando el recurso se agota, abandonan territorios con graves pasivos ambientales y sociales».
Si el Estado mantiene su débil presencia, precisa Guzmán, el país enfrentará una pérdida creciente de gobernabilidad y podrían consolidarse «territorios liberados», donde predominen las economías ilegales y disminuya la capacidad estatal para ejercer autoridad.
