Un maletín que no pasó por los rayos X en el aeropuerto de Trujillo (La Libertad) destapó una operación de lavado de activos. En agosto de 2022, Sonia Mallqui de la Cruz intentó abordar la nave con destino a Chagual, en Pataz, con sobres de manila que contenían S/1 733 277 en efectivo. La dueña del dinero, señaló Mallqui, era Orlando Tumbajulca, un minero en proceso de formalización.
Cuatro años después, en abril de 2026, el Poder Judicial condenó a 25 años de cárcel a Tumbajulca y a Mallqui por lavado de activos. Ambos están prófugos. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo probó que el dinero provenía de la venta de oro de procedencia ilícita y que Tumbajulca utilizó su Reinfo para legalizarlo.
El proceso fue así. Tumbajulca, gracias a su Reinfo, acopió mineral de mineros ilegales en Pataz. Luego, lo vendió como si lo hubiera extraído de su concesión autorizada, la mina Río Bravo. Pero el dueño de esa concesión dijo que no tenía ningún vínculo con su mina y aseguró que en ella no se extrae oro.
Así, un Reinfo bastó para que el oro fuera vendido a una planta procesadora o de beneficio, se efectuara el pago de casi S/2 millones al minero con Reinfo y el dinero fuera depositado en una cuenta bancaria. Aunque la transacción fue bancarizada, los jueces concluyeron que «el dinero incautado tiene una procedencia ilícita vinculada a la minería ilegal».
Este caso muestra, una vez más, que las plantas procesadoras son uno de los eslabones de la minería ilegal. Varios estudios hablan de cerca de 400 plantas a nivel nacional. En su mayoría, operan en el sur y en la costa. Hay plantas en Junín, Puno, Ayacucho, Pasco y Apurímac, así como en Arequipa, La Libertad, Áncash, Lima e Ica. Solo en La Libertad, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) registró 38 plantas. Entre Nasca (Ica) y Chala (Arequipa) hay instalaciones industriales con pozas de relaves, algunas que no figuran en los registros oficiales, según investigaciones recientes.
Todo indica que estas plantas operan con trazabilidad mínima o sin trazabilidad. Tal vez por eso, la jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Marilú Llerena, anunció meses atrás una mayor supervisión a las plantas que acopian material minero.
De acuerdo con Iván Arenas Ramírez, director de la consultora Diálogo Social, la mayoría de las plantas procesadoras compra oro a terceros. Al hacerlo, solo se fijan en si el productor tiene Reinfo y RUC vigentes, pero no se ocupan del origen del oro. Por eso, señala Arenas, «pueden decir que yo le compro a tal minero con documentos», aunque eso no garantice el origen legal del mineral.
Esto se relaciona con el aumento de oro exportado sin que se precise su origen. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), más del 40 % del oro vendido por canales formales al extranjero no tiene un origen conocido. Se trata de más de 100 toneladas vendidas, gracias a las plantas de procesamiento y a los mineros con Reinfo.