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    Irregularidades en construcción de trocha carrozable en Cascas generaron perjuicio por S/ 582 mil

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    La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la construcción de una trocha carrozable en la provincia de Gran Chimú, las cuales causaron un perjuicio económico por S/ 582 mil para la municipalidad de dicha provincia. La vía, que une el distrito de Cascas con el caserío La Banda del distrito de Lucma, se ejecutó con un presupuesto superior a los S/ 3 millones.

    El Informe de Control Específico Nº 014-2022-2-3614-SCE, que comprende el período del 15 de noviembre de 2019 al 9 de noviembre de 2021, señaló que la vía presentó fallas porque se construyó con materiales e insumos que incumplieron los estándares técnicos requeridos y/o establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales EG-2013 y las Especificaciones del Expediente Técnico de la obra.

    Además de la afectación a la durabilidad y calidad de la obra, la comisión de control evidenció que durante su ejecución no se contó en forma permanente con el jefe de supervisión debido a que prestaba servicios, en forma simultánea, en obras ejecutadas por las municipalidades distritales de El Porvenir, Casa Grande y la Municipalidad Provincial de Datem del Marañón. Asimismo, se presentó fuera de plazo la documentación exigida para el pago de la supervisión.

    Pese a ello, y a la emisión previa de dos informes de control simultaneo de la Contraloría que advertían las deficiencias en la calidad de los materiales e insumos utilizados, así como la ausencia del jefe de supervisión, la Municipalidad Provincial de Gran Chimú efectuó el pago en forma íntegra de la ejecución y la supervisión de la obra, sin aplicación de las penalidades que correspondían.

    Por los hechos expuestos, el ex gerente de Desarrollo Urbano y Rural del municipio y el profesional que desempeñó el cargo de jefe de supervisión tendrían presunta responsabilidad civil y/o administrativa. Por ello, el informe fue comunicado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para el inicio de la acción civil y al alcalde provincial para el deslinde de las responsabilidades administrativas.

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