El concejal de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, manifestó su preocupación por el estado en que el alcalde tiene a la ciudad con sus desatinadas acciones, en el parchado de pistas, comercio ambulatorio y seguridad ciudadana, lamentando que para cumplir sus funciones fiscalizadoras la autoridad edil bloquee su accionar al haber ordenado a sus funcionarios no ofrecer ninguna información a los regidores.
En Ampliación de Noticias, de RPP, reiteró que el pasado 14 de diciembre remitieron nueva comunicación al JNE solicitando se pronuncie sobre la situación de Arturo Fernández, cuya sentencia en segunda instancia tiene más de seis meses sin que, sospechosamente, el órgano electoral le retire la credencial, como lo disponen las normas vigentes.
“El JNE tiene conocimiento del caso del alcalde y del acuerdo por unanimidad de suspensión en su cargo que adoptamos en una accidentada sesión donde se pretendió impedirnos el ingreso a la sala de reuniones del palacio Municipal”, dijo.
El pasado 20 de noviembre, después que forcejeamos para ingresar a la sesión, malos funcionario dispusieron que se permita el ingreso a una turba a favor del alcalde, al parecer contratada, la que procedió a agredirnos, lo que todos conocen, añadió
Desde esa fecha empezó a correr el plazo para que el alcalde presentara su apelación al acuerdo de suspensión, pero se cumplió el plazo y no lo hizo. En función a eso es que estamos pidiendo que el JNE se pronuncie de una vez, explicó seguidamente.
El regidor criticó la mala fe procesal del JNE, que lejos de pronunciarse sobre el caso del alcalde de Trujillo pareciera seguir algún fin oculto. “Pasaron más de seis meses desde que se conoció la sentencia en segunda instancia del alcalde y el Jurado no puede resolver”, dijo.


