La pesca industrial es una de las actividades económicas más importantes en el Perú. Es fuente de trabajo y de alimento para miles de familias. Además, es uno de los sectores más regulados por la importancia de salvaguardar el ecosistema marino. ¿Pero qué sucede cuando la regulación se convierte en criminalización de una actividad legal?

Durante el último año, muchos pescadores se han quedado sin trabajo por una norma específica: la Ley 31622, cuyo objetivo es combatir a los líderes, financistas y miembros de organizaciones criminales que realizan actividades ilícitas relacionadas al tráfico ilegal de especies. En principio, suena como una ley positiva para luchar contra el crimen. ¿Qué tiene que ver la pesca legal?

Es común que, al momento de realizar la extracción de ejemplares en el océano, se supere el porcentaje legal permitido de especies protegidas. Existe un protocolo para estos casos, como el programa Salvamares de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Además, para mitigar estos hechos circunstanciales, existe también una prohibición, sanciones administrativas para la empresa, e incluso penales cuando el caso es muy grave.

«Una cosa es el hecho circunstancial de capturar alguna otra especie durante la pesca de anchoveta, y otra es el tráfico ilegal de vida silvestre marina. No existe punto de comparación entre la pesca y las actividades ilegales a las que inicialmente fue dirigida esta norma», señaló César Córdova, abogado asesor del sindicato de pescadores José Olaya Balandra.

El experto señaló que debe entenderse como una organización criminal a un grupo de personas conformado exclusivamente para desarrollar una actividad ilegal, donde cada miembro tiene un cargo en su estructura y cumple un determinado rol, lo cual no sucede en la pesca.