Por mayoría, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el dictamen que plantea regular los efectos jurídicos de la unión civil, institución constituida por personas del mismo sexo o del sexo opuesto, de autoría del congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País).
En efecto con 12 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones fue aprobado el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 02803/2022-CR que busca garantizar los derechos y garantías de los bienes y de la propiedad de las parejas del mismo sexo que hacen una vida en unidad.
Antes, la congresista Martha Moyano Delgado (FP) decidió retirar su Proyecto de Ley 05584/2022 para que la iniciativa de Cavero Alva continue con su proceso. Aclaró que su inspiración se basó en las iniquidades que sufren las personas homosexuales, por ser objetos de discriminación.
Fue después de un amplio debate en el que fue rechazada una cuestión previa para un mayor estudio y presentación de un nuevo dictamen, formulada por el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), por 14 votos en contra y 11 votos a favor; y un pedido de reconsideración a la votación que aprobó el dictamen, presentado por el mismo parlamentario, en la que obtuvo 12 votos en contra, siete a favor y tres abstenciones.
La propuesta, con cargo a redacción, incluyó modificaciones al artículo 1 de la iniciativa legislativa, planteadas por el congresista Cavero Alva “para que no haya discusión de si se involucra o no la concepción o constitución de familia”. En ese sentido, dijo que define la unión civil como un acuerdo de voluntades.
Asimismo, dijo que para evitar que se diga que se pretende cambiar el estado civil de las personas, la unión civil se constituye en registro de personas naturales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos; y se propone que los bienes que adquiera cualquiera de los dos convivientes civiles durante la unión civil, se rigen por lo dispuesto en el numeral 5 del referido registro, que estipula que se puede optar por un régimen común o por separado.
Tras esta decisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside Isaac Mita (PL), el referido dictamen deberá ser incorporado a la agenda del Pleno para ser debatido y votado por la representación nacional.


