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    Contraloría detecta irregularidades en la designación de María del Carmen Olórtegui como jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad

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    La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la designación de María del Carmen Olórtegui Risco en el cargo de confianza de jefa de Oficina Defensorial II de la Oficina Defensorial de La Libertad, en el año 2024.

    A través de un informe No. 001-2025-2-0680-SCE, la Contraloría encontró que María del Carmen Olórtegui no acreditó el cumplimiento de experiencia específica en la función y materia.

    Además, halló que María del Carmen Olórtegui ejerció dicho cargo manteniendo su afiliación a un partido político (Alianza Para el Progreso, APP), hechos que afectaron la neutralidad, que exige que los servidores públicos ejerzan sus funciones de manera imparcial y sin estar influenciados por vínculos con partidos o intereses políticos.

    María del Carmen Olórtegui fue designada en dicho cargo de confianza el 18 de noviembre de 2024 y Juan José Canales Durand en el cargo de jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo a partir del 24 de Junio de 2024, a través de las Resoluciones Administrativas No. 0126-20247/DP de 18 de Noviembre de 2024 y 077-2024/DP de 19 de Junio de 2024, respectivamente, y la observancia de las disposiciones contenidas en la Directiva No. 002-2019/DP «Directiva sobre neutralidad de los/as servidores/as de la Defensoría del Pueblo».

    Ambos, antes de su designación, no cumplieron con entregar documentación suficiente que permita acreditar su experiencia específica en la función o materia para ocupar dichos cargos y mantuvieron su afiliación política a APP.

    «María del Carmen Olórtegui no presentó sus descargos o aclaraciones», según puntualiza la Contraloría en su informe y en el cual a la vez recomienda a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos con los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe del control específico.

    La Defensoría del Pueblo debe efectuar el deslinde de responsabilidades correspondientes, de los funcionarios y servidores públicos de esta insitución comprendidos en los hechos irregulares.

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