La tragedia en Pataz, donde el domingo 4 de mayo fueron encontrados sin vida 13 trabajadores secuestrados por mineros ilegales, pone en evidencia el grave peligro que representa esta actividad para la vida humana y el futuro del país. La minería ilegal, que ha evolucionado incorporando maquinaria moderna, rutas propias y seguridad armada, se ha convertido en un freno al desarrollo y una amenaza constante para las comunidades.
Este lamentable episodio no solo revela el alto costo humano de esta práctica ilícita, sino también la ineficacia de las políticas actuales para combatirla. A pesar de herramientas como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que en la práctica ha servido como un escudo legal para mineros ilegales, la minería ilegal continúa expandiéndose y vinculándose con redes de crimen organizado.
Recordemos que la minería ilegal se diferencia claramente de la informal: mientras la minería informal carece de registros legales, pero opera en zonas permitidas, la ilegal se desarrolla en territorios prohibidos y utiliza maquinaria no autorizada, siendo un delito con consecuencias devastadoras. Su expansión ha aumentado el daño social, económico, institucional y ambiental en Perú.
“Socialmente, la minería ilegal fomenta la violencia y la desconfianza hacia el Estado. Económicamente, afecta negativamente la economía formal y alimenta el flujo de dinero ilícito. Institucionalmente, alimenta la corrupción y limita la capacidad del Estado para controlar el sector. Ambientalmente, provoca deforestación masiva y contaminación de ríos y suelos, poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud de miles de comunidades”, resaltó Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE, 2024), la extracción ilegal de oro se multiplicó por siete en la última década, generando pérdidas anuales por S/22,700 millones, equivalentes al 2.5% del PBI nacional. En 2024, Perú exportó más de 90 toneladas de oro ilegal, cifra que representa casi la mitad de las exportaciones totales de oro del país y refleja un aumento del 20% respecto al año anterior.
Regiones como Madre de Dios, Puno, Arequipa y La Libertad, muchas con altos índices de pobreza, son epicentros de esta actividad. Se estima que entre 300 mil y 500 mil personas participan directa o indirectamente en minería ilegal, impulsadas por la falta de alternativas económicas y la pobreza.
Además, un reciente informe de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico –realizado por los investigadores Gisella Aragón y José Luis Ruiz– advirtió que en los distritos con fuerte presencia de minería ilegal se disparan los delitos violentos. La minería ilegal está directamente asociada con el incremento de homicidios, extorsión y contrabando.
“La minería ilegal ya no es un problema ambiental: es una amenaza directa para la vida, la seguridad y el desarrollo del Perú. La tragedia de Pataz debe marcar un punto de quiebre. No podemos permitir que el crimen organizado siga ganando terreno ante la indiferencia estatal. Es momento de actuar”, concluyó León.