La Contraloría General de la República identificó serias deficiencias en el control de visitas y en la supervisión del ingreso de alimentos y otros productos al establecimiento penitenciario de Trujillo. Uno de los hallazgos más preocupantes fue que los equipos destinados a la detección de objetos prohibidos llevan meses, e incluso años, fuera de servicio, lo que compromete la seguridad del establecimiento y revela la carencia de mantenimiento adecuado y de control en los procedimientos de seguridad.
El equipo de Rayos X que permite la detección de metales que podrían ser camuflados en los víveres y otros productos destinados para el área de cocina y talleres, por ejemplo, lleva meses inoperativo. Esto obliga a los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a revisar manualmente cada producto, lo que no solo retrasa el proceso de inspección, sino que aumenta el riesgo de que objetos peligrosos o ilegales logren ingresar al penal, comprometiendo así la seguridad tanto de los internos como del personal.
También se advirtió el alarmante déficit de agentes del INPE, una situación que se agrava aún más por el elevado nivel de hacinamiento en el penal. Actualmente, la población penitenciaria supera los seis mil internos, a pesar de que la capacidad del establecimiento es para poco más de mil. Esto ha generado condiciones críticas, como en los pabellones de mínima seguridad, donde un solo agente tiene a su cargo más de mil reos, y en los de máxima seguridad, donde solo dos agentes deben controlar a más de 450 internos.
Otra situación preocupante son las condiciones de salubridad. El sistema de alcantarillado, por ejemplo, está colapsado debido al hacinamiento, lo que genera malos olores en diversas áreas del penal. Esta situación, sumada a la falta de infraestructura adecuada, ha creado un ambiente insalubre que favorece la proliferación de vectores como roedores, moscas y mosquitos, incrementando así el riesgo de enfermedades tanto para los internos como para el personal de seguridad del INPE.
Cabe precisar que la visita al penal forma parte del megaoperativo de control con enfoque territorial y sectorial, puesto en marcha en la región La Libertad desde el miércoles pasado. Son más de 70 auditores los desplegados en diversos puntos de la región, con el objetivo de verificar el avance de las obras públicas y evaluar la calidad de los servicios prestados por más de 15 entidades del Estado.