La Municipalidad Distrital de La Esperanza ejecutó un operativo inopinado en diversos establecimientos comerciales, que culminó con la clausura de una botica y una farmacia por incumplir normas sanitarias y administrativas. La intervención tuvo como finalidad salvaguardar la salud pública y garantizar que los locales farmacéuticos operen conforme a la normativa vigente.
En la diligencia participaron funcionarios de las gerencias de Fiscalización y Control, Desarrollo Económico Local y Seguridad Ciudadana, así como de las subgerencias de Comercio, Licencias y Control Sanitario, y Defensa Civil. El operativo contó además con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de Bellavista, representantes del Ministerio Público – Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Trujillo – y personal de la Gerencia Regional de Salud La Libertad (Geresa).
Durante la inspección, las autoridades clausuraron la botica “Nova Vida”, ubicada en la cuadra 9 de la avenida Gran Chimú, frente a la Plaza de Armas del distrito, al constatar que operaba de manera informal. El establecimiento no contaba con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) ni con licencia de funcionamiento, documentos obligatorios otorgados por la municipalidad para el desarrollo de actividades comerciales. Asimismo, se verificó la ausencia del químico farmacéutico, profesional indispensable para la supervisión y expendio de medicamentos.
El gerente de Fiscalización y Control, Máximo Cuba Ángulo, informó que esta omisión constituye una infracción grave, por lo que se dispuso la clausura temporal del local por un plazo de 30 días, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes.
En el mismo operativo fue intervenida una farmacia ubicada en la cuadra 11 de la avenida Tahuantinsuyo. Si bien el establecimiento contaba con químico farmacéutico, el profesional se negó a permitir la fiscalización de los medicamentos y exigió una orden judicial para realizar la inspección. Ante esta negativa y al comprobarse además la ausencia del certificado ITSE, las autoridades procedieron a su clausura. El fiscal Erick Rodríguez Musto precisó que los propietarios de ambos locales tienen un plazo de cinco días para presentar sus descargos; de no hacerlo, afrontarán una multa equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/ 5,500. Finalmente, la municipalidad advirtió que los operativos continuarán en distintos puntos del distrito con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normas y proteger la salud de todos los vecinos de La Esperanza.