A la extracción clandestina de minerales en los caseríos de Huamachuco se suma la disputa y el tráfico de terrenos en zonas auríferas codiciadas por las mafias que siguen operando en esta parte de la provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad.

La continuidad de la minería ilegal en esta zona vuelve a poner en el foco la capacidad de estas organizaciones para reorganizarse y retomar sus actividades en poco tiempo. 

La posesión de un predio no solamente representa tierra. En una zona aurífera puede significar acceso al subsuelo, apertura de socavones, instalación de plantas artesanales, rutas para trasladar mineral y espacios donde ocultar maquinaria. En Huamachuco, han denunciado que determinadas propiedades serían utilizadas para ocultar socavones e instalaciones destinadas al procesamiento clandestino de mineral.

La extracción ilegal de oro requiere mucho más que la apertura de un socavón. Para operar de manera sostenida se necesita maquinaria, explosivos, combustible, transporte, procesamiento, compradores y, sobre todo, protección, 

A esta estructura se suma un factor que vecinos y denuncias consideran necesario investigar: la posibilidad de que determinadas personas proporcionen información anticipada o faciliten la continuidad de las operaciones clandestinas.

En Shiracmaca y Coigobamba se han reportado intervenciones contra campamentos y socavones. Sin embargo, pobladores sostienen que algunas actividades vuelven a aparecer semanas después de los operativos. Esta situación plantea una interrogante: ¿cómo obtienen información estas organizaciones para anticiparse a las intervenciones y qué mecanismos les permiten volver a operar después de que sus instalaciones son destruidas?