El Ministerio Público de La Libertad presentó su balance de gestión 2025-2026 durante la audiencia pública “Alternativas frente al crimen organizado” en Trujillo organizada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado. El informe expuso los avances operativos, la productividad fiscal, las fortalezas institucionales y las principales limitaciones en la lucha contra la criminalidad en la región.
De acuerdo con el Sistema de Gestión Fiscal, la institución registró un acumulado de 13,228 casos ingresados entre 2025 y 2026 (8,117 en 2025 y 5,111 en 2026). La carga procesal estuvo fuertemente liderada por los delitos de extorsión (5,662 casos) y robo agravado (2,979), seguidos por corrupción de funcionarios (2,403), tráfico ilícito de drogas (1,182) y minería ilegal (561).
A la fecha, el distrito fiscal mantiene miles de casos en trámite en diversas etapas procesales, desde la calificación inicial hasta el juzgamiento. Entre ellos destacan 2,013 casos activos por corrupción de funcionarios, 1,409 por extorsión y 1,233 por robo agravado, lo que refleja la alta exigencia del sistema de justicia penal en la región.
Para contrarrestar este avance delictivo, la gestión implementó reformas estructurales clave en las zonas más vulnerables. Destaca la creación de la Fiscalía Especializada contra la Extorsión (con un equipo de 14 fiscales), nuevos despachos en Pataz y en Materia Ambiental, así como el uso de procesos especiales como la terminación anticipada y la colaboración eficaz para acelerar las resoluciones.
El éxito de estas investigaciones se apoya en una conducción jurídica estrecha con la Policía Nacional del Perú (PNP) y una coordinación constante con el Poder Judicial para agilizar las audiencias y prisiones preventivas. No obstante, las autoridades alertaron sobre nudos críticos urgentes, tales como la escasez de personal fiscal, la sobrecarga judicial y el déficit logístico para pericias técnicas.


