Durante su intervención en la IV Sesión Ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, realizada en el auditorio César Vallejo y presidida por la senadora Katherine Ampuero Meza, el gobernador regional en funciones de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, exigió una intervención frontal del Congreso en la formalización de la minería artesanal.
La autoridad cuestionó duramente la inacción del Estado frente a la delincuencia y el lavado de activos en la región y advirtió que La Libertad lleva dos décadas bajo declaratorias de emergencia continuas, una situación alarmante que prácticamente ha normalizado la inseguridad.
Señaló que, pese a los esfuerzos del Gobierno Regional de La Libertad (GORELL) -que en los últimos años ha invertido cerca de 150 millones de soles en logística, vehículos, patrulleros, drones y equipamiento para la Policía Nacional-, los resultados son insuficientes debido a la falta de un enfoque nacional estratégico.
Cuestionó que el Ministerio del Interior (Mininter) envíe generales a la región sin su equipo de confianza ni presupuesto adecuado, y criticó la prolongación burocrática de las declaratorias de emergencia que no logran frenar el impacto del crimen organizado.
Denunció que las bandas criminales originarias de Trujillo han escalado en sofisticación hasta expandirse a nivel nacional e internacional, golpeando gravemente la economía local con el cierre de más de dos mil negocios y la pérdida de unos 50 mil puestos de trabajo en los últimos dos años; y alertó sobre los paralelismos entre la delincuencia y la gran minería ilegal, señalando que el sector formalizador enfrenta a fortunas colosales que operan al margen de la ley.
Cadenillas denunció que es vox populi que fortunas mineras informales financian gestiones irregulares en Lima para lograr la ampliación del Reinfo, y recalcó que el Estado debe sincerar su rol de fiscalización en zonas críticas como Pataz.
Como prueba de la falta de control territorial, denunció que a diario transitan unos 500 camiones mineros por rutas obligatorias como Chagual, el cruce de Otuzco, Agallpampa y Huamachuco sin que ninguna autoridad logre detenerlos, lo que evidencia redes de corrupción y complicidad.
Ante esta profunda problemática, Cadenillas planteó de manera directa que la Gerencia Regional de Minas sea retirada del ámbito del GORELL, al considerarla un eslabón vulnerable que propicia la corrupción y la impunidad en la administración pública.
Finalmente, solicitó la creación de una comisión especial a nivel nacional, la intervención de las Fuerzas Armadas con respaldo legal para el uso de la fuerza y la instalación de un comando especial con agentes encubiertos para desarticular a las organizaciones criminales que amenazan la estabilidad del país.