El Gobierno declaró en estado de emergencia a los sectores de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano, y Saneamiento, debido a las condiciones críticas que afectan el acceso de la población a soluciones integrales de vivienda y urbanismo, así como a servicios de agua potable y saneamiento.
La medida, oficializada mediante Decreto Supremo, fue anunciada desde Arequipa por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien indicó que esta medida busca priorizar y articular acciones para atender las principales brechas del sector, mejorar la calidad y continuidad de los servicios básicos y acelerar la ejecución de proyectos en beneficio de la población.
“Los proyectos de agua y desagüe demoran en promedio nueve años, algunos incluso más. Por eso hemos declarado en emergencia el sector, para reorganizarlo profundamente y emitir una normativa acorde a la emergencia para poder superar esta situación a nivel nacional”, sostuvo el ministro Mauricio Arnillas.
Desde Arequipa, donde se encuentra supervisando la descolmatación de la quebrada El Chullo, el titular de Vivienda explicó que esta declaratoria responde a una problemática que requiere atención urgente: alrededor de 9 millones de peruanos no cuentan con acceso a agua potable y 15 millones no cuentan con alcantarillado. Además, existe un déficit de 1.9 millones de viviendas a nivel nacional. A ello se suma la necesidad de impulsar proyectos de infraestructura que permitan cerrar las brechas de acceso al agua y alcantarillado en distintas regiones del país.
El ministro Arnillas señaló que al inicio de la actual gestión, se identificaron 252 proyectos de agua potable y alcantarillado paralizados. De este total, 71 ya han sido destrabados, como parte de los esfuerzos del sector para recuperar obras y avanzar hacia soluciones concretas.
La declaratoria también permitirá dar prioridad a intervenciones vinculadas al desarrollo urbano, la titulación de predios y el acceso a una vivienda adecuada, atendiendo problemas que afectan a familias e instituciones públicas, entre ellas miles de instituciones educativas que aún requieren seguridad jurídica sobre sus terrenos.
Vigencia de la declaratoria
Como parte de esta medida, el Ministerio de Vivienda elaborará y aprobará, en un plazo máximo de 60 días hábiles, una Estrategia Sectorial que establecerá las acciones prioritarias para atender las condiciones críticas identificadas. Esta estrategia estará a cargo de los despachos viceministeriales de Vivienda y Urbanismo, y de Construcción y Saneamiento, y se ejecutará durante seis meses desde su aprobación.