Por considerar que no tenían información suficiente y que el informe legal y la exposición recibida no eran claros, el Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) denegó la aprobación de la firma de un nuevo convenio de delegación de competencias y funciones al Gobierno Regional de La Libertad (GORELL) para continuar la ejecución del Corredor Vial Norte Oeste, que une Trujillo y Huanchaco.
A excepción del regidor Luis González Rosell, quien votó a favor, los demás concejales lo hicieron en contra o se abstuvieron, incluso después de escuchar las intervenciones del equipo técnico del GORELL a cargo del proyecto, de su gerente general, Rogger Ruiz, y del gerente de Obras.
Esto a pesar de que el alcalde Mario Reyna Rodríguez había señalado previamente que no se podía dejar abandonado el proyecto ni perjudicar a la población de Huanchaco. “Que los responsables paguen su culpa, pero el proyecto no puede seguir quedando paralizado”, manifestó.
Rogger Ruiz indicó que a la fecha no existía ninguna medida cautelar de la empresa constructora ni impedimento legal o arbitral, por lo que quedaban expeditos para continuar con el saldo de obra; sin embargo, para ello era indispensable aprobar el nuevo convenio.
Respecto a este proyecto, se informó que la Contraloría elaboró un informe para determinar las responsabilidades de los funcionarios que estuvieron a cargo del expediente. Asimismo, el caso se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción, donde las investigaciones avanzan e incluso existe una denuncia penal.
La aprobación del nuevo convenio era requisito indispensable para retomar los trabajos, debido a que el anterior ya caducó. La obra se ejecutaría bajo la modalidad de Obras por Impuestos: el expediente del saldo de obra se elaboraría en tres meses y los trabajos pendientes se completarían en un plazo de ocho meses.
Según se explicó, de los adelantos otorgados al fideicomiso, el GORELL ya recibió devoluciones. Además, existen valorizaciones pendientes de pago y retenciones a la contratista con las que se saldarían las cuentas –se quedaría “tas con tas”, dijo el gerente general-, evitando así un perjuicio económico para el organismo regional.
Al momento de resolver el contrato, se debió haber avanzado la obra en un 36.09%, pero el avance físico real fue de apenas el 15.23%, lo que representó un retraso del 20.86%. Por este motivo, la decisión de rescindir el contrato estuvo debidamente fundamentada en el incumplimiento contractual de la empresa ejecutora.
Durante la sesión extraordinaria, el regidor Andrés Sánchez señaló que, si bien la medida cautelar obtenida por el GORELL los facultaba para continuar la obra, esta no abordaba la competencia que corresponde a la MPT, lo que podría acarrear futuras responsabilidades legales.