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    Más de 50 homicidios violentos al año se registran en las zonas mineras, según una investigación de ICEV

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    Más de 50 homicidios violentos al año se registran en las zonas mineras de La Rinconada, en Puno; Atico, en Arequipa; y Pataz, en La Libertad. Además, siete de cada diez trabajadores mineros serían víctimas de extorsión. Estos son algunos hallazgos de una investigación del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV). Su principal conclusión es que la violencia y la vulneración de derechos humanos no son una consecuencia de la minería “no legal”, sino parte de las condiciones que la hacen posible. Según la investigación, el control armado, la ausencia de medidas de seguridad y garantías laborales permite que la actividad opere con menores costos y altos niveles de impunidad.
    A partir de estos hallazgos, el estudio la llama minería no legal, al considerar que una actividad que depende de la extorsión, la explotación y la vulneración de derechos humanos no puede ser admitida en el marco de la ley.
    Nicolás Zevallos, fundador del ICEV, explicó que la violencia no se limita a los socavones. Aparece desde el financiamiento y el traslado de insumos hasta el procesamiento del mineral y su transporte hacia los mercados. En buena parte de estas actividades, los mineros carecen de condiciones laborales dignas, equipos de protección y seguros. Se exponen a sustancias peligrosas, derrumbes y amenazas. “Esta violencia y esas condiciones de trabajo son sistemáticas”, dijo Zevallos.
    TRES ZONAS, UN MISMO PATRÓN
    Se estima que más de 49 mil personas son víctimas de explotación laboral solo en estas tres zonas. La investigación identificó un mismo patrón en los distintos territorios: la violencia se convierten en mecanismos que permiten sostener la actividad y reducir costos. Aunque cada zona presenta dinámicas propias, todas muestran cómo la ausencia de controles y la presencia de organizaciones criminales facilitan la expansión de esta actividad ilícita.
    A más de 5.000 metros de altitud, La Rinconada es descrita por los propios mineros como un lugar donde la vida vale poco. Allí, el sistema de “cachorreo” obliga a los trabajadores a pasar semanas sin recibir un salario, con la esperanza de encontrar mineral y obtener una ganancia. Se estima que ahí se producen entre 20 y 25 homicidios al año, varios relacionados con disputas por el control de las bocaminas.
    En Atico, de acuerdo con el estudio, se registran entre 15 y 20 homicidios al año, muchos vinculados a enfrentamientos armados por el control del territorio. Su ubicación la convierte en zona de paso para el traslado del mineral y espacio para extorsionadores.
    En Pataz, en la sierra norte, la investigación calcula entre 18 y 25 homicidios anuales y reporta asesinatos cometidos dentro de los socavones, además de secuestros, extorsiones y amenazas. Las organizaciones criminales buscan controlar las rutas por las que sale el mineral.
    En los tres casos, los trabajadores ingresan a socavones sin contrato ni seguro, expuestos a sustancias peligrosas y a derrumbes. Muchos, además, son reclutados con engaños. Según Zevallos, quienes trabajan u operan allí deben pagar “cupos” o “derechos de anclaje” a grupos armados para evitar que los maten o les quiten el mineral.
    El estudio no identificó una sola organización criminal controlando todo. Zevallos señaló que encontraron seis tipos de actores: grandes organizaciones criminales; grupos que controlan socavones, rutas y negocios; proveedores de insumos y servicios; grupos armados que ofrecen seguridad; y bandas que aparecen ocasionalmente.
    El avance de estos grupos se ve favorecido, según la investigación, por la débil presencia del Estado. La Policía realiza patrullajes esporádicos y la Fiscalía suele intervenir cuando ya se han cometido delitos graves.
    Las víctimas
    Los hombres jóvenes y adultos migrantes, de entre 18 y 50 años, son uno de los grupos más expuestos. Muchos llegan desde zonas pobres en busca de ingresos y terminan en los trabajos más peligrosos. “Este trabajador no le puede reclamar a nadie”, dijo Zevallos.
    Las mujeres y las menores de edad también están expuestas a redes de explotación sexual, que operan en prostíbulos, bares y hoteles. El investigador calculó que unas 1.200 mujeres serían explotadas sexualmente en las tres zonas estudiadas. La explotación infantil en minas no legales y establecimientos vinculados a esta actividad ilícita es otro problema, mientras que las comunidades sufren por la extorsión.
    “Este es un fragmento de lo que está ocurriendo”, advirtió Zevallos. Para el investigador, una causa de esta situación es el fracaso del proceso de formalización minera y las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), porque permitieron que operadores ilegales sigan trabajando bajo una apariencia de legalidad.

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