La Contraloría General de la República detectó responsabilidad penal y administrativa en funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), por la adquisición de 3 mil pruebas rápidas que iban aplicarse a trabajadores para detectar el coronavirus.

Además, reveló que dicha compra causó perjuicio económico de aproximadamente 29 mil soles a la comuna y que se desconoce el destino de 606 pruebas rápidas.

El gerente regional de Control de La Libertad, David Quiroga Paiva, informó que el informe del Órgano de Control Institucional (OCI) del ayuntamiento determinó que no se justificó la compra de 676 pruebas y que de 2239 pruebas, se identificó que 555 fueron aplicadas a trabajadores de organismos descentralizados, lo cual desvirtuó el objeto de contratación.