Fiscalía no habría intervenido con rapidez en muerte de cuatro personas en el Cerro El Toro

El desinterés y la indiferencia del Ministerio Público para intervenir a los mineros ilegales en cerro El Toro (Huamachuco), donde cada vez cometen más muertes, permite que estás mafias sigan operando con total impunidad.

Es increíble que el Ministerio Público no haya actuado con firmeza en Huamachuco, apenas se informó que cuatro personas habían muerto al interior de un socavón ilegal.

Según cuestionaron los deudos, Ronald Urrutia Castillo, Fiscal Adjunto en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Sánchez Carrión, no se dirigió a tiempo al lugar de los hechos para realizar las investigaciones.

A pesar de que los medios de comunicación de Huamachuco informaron, desde el mediodía del último jueves, que las cuatro víctimas habían fallecido por inhalar gases tóxicos en un socavón de Minerals Doña Julia SAC, el fiscal Urrutia alegó que no encontró los cuerpos en el lugar, luego brilló por su ausencia.

Los pobladores dijeron que lo que llama, sin duda, poderosamente la atención fue que el fiscal no tomó acciones cuando los medios de comunicación difundieron, en la mañana del viernes 7 de mayo, un video que mostraba cómo sacaban los cadáveres del socavón ilegal durante la madrugada.

“Lo único que puedo decir es que se realizarán las investigaciones”, dijo el fiscal Urrutia. Mientras tanto, los cadáveres estaban siendo trasladados a Cajabamba y Jorge Espejo clausuraba su socavón para evitar una inspección. Todo bien calculado para borrar todo rastro.

Muy sospechoso

Una actitud sospechosa por dos motivos: hace unos meses este mismo fiscal evidenció cierto favoritismo con los mineros ilegales de Huamachuco, sindicaron los ciudadanos. En la carpeta fiscal 628-2019, tramitada ante su despacho, se cambió la acusación de homicidio doloso a culposo lo que habría beneficiado a Luis Miguel Reyes Ríos, socio de otro gran minero ilegal de la zona: Oswaldo Alva Polo. Este cambio, en un caso similar, permitió que estos sujetos recibieran una condena de 4 años, cuando en realidad merecían un mínimo de diez. Además, según indicaron efectivos de la Policía, su condición de fiscal provisional determina que no actúe en la forma que todos los ciudadanos esperan de un funcionario público.

Los dejaron morir lentamente

En tanto, en el lugar de la tragedia habrían intentado borrar toda evidencia de la tragedia. Apenas se dio la alarma en la labor ilegal de Jorge Espejo Moreno, este dio la orden inmediata de cierre. No habría pedido ayuda a las autoridades para intentar rescatar a sus trabajadores, a fin de evitar el escándalo.

“No quiso que entrara nadie. Nosotros le dijimos que podíamos intentar un rescate, pero don Jorge dijo que ya no podíamos hacer nada. Que era mejor cerrar para evitar que entren los familiares y esperar la noche para sacar a nuestros compañeros”. Ese fue el testimonio de un trabajador ante los familiares que pronto llegaron al lugar enterados de la noticia.

Paulita Gómez Henríquez, viuda de Ricardo Altamirano Valderrama, mencionó que su esposo y las demás víctimas fueron abandonados y le ofrecen pagar 30 mil soles a cambio de no denunciar. “Yo llegué a Minerals Doña Julia y no me dejaron entrar. Pude ver movimiento, postes de madera y un camión que obstruía el ingreso. Fue ahí que se me acercó Jorge Espejo Moreno para decir que no denuncie, que iba a dar 30 mil soles por muerto y que se hacía lo contrario la iba a pasar muy mal. A mí lo único que me importa es enterrar a mi esposo”, señaló entre lágrimas.

Paulita Gómez y la conviviente de Merardo Fernández Acebedo piden prisión preventiva para los responsables y la firme intervención del fiscal de turno. Mientras los cuerpos de las víctimas eran velados por el resto de sus familiares sin haber realizado las diligencias de acuerdo a ley, debido a que habrían llegado a un acuerdo con el dueño de la minera ilegal.

Compra de conciencia

En noviembre de año pasado, dos niños murieron por manipular la dinamita que esconden los mineros ilegales en los caseríos de Huamachuco. Hasta el día de hoy los fiscales no encuentran culpables, ni responsables. Para ellos no pasó nada.

Pero esto no es nuevo. El 27 de setiembre del 2019, el fiscal provincial mixto de Sánchez Carrión, Jorge Fernández Urteaga, advirtió, que en cerro El Toro corren ríos de oro cada vez que ocurre un deceso por culpa de la minería ilegal. Esto lo alertó cuando investigaba la muerte de un adolescente de 17 años de edad, asfixiado, también, en un socavón, en esta zona de Huamachuco.

Por otro lado, a pesar de que Jorge Espejo Moreno tiene una medida cautelar de suspensión de todas sus actividades mineras, emitida por la Gerencia Regional de Energía y Minas de La Libertad a través de la resolución 0266-2020-GRLL-GGR/GREMH, este sigue haciendo lo que le da la gana ante la vista y paciencia de las autoridades. El subprefecto, el coronel PNP de la comisaría y los fiscales no hicieron respetar la ley y ahora no saben qué hacer ante la evidencia de cuatro fallecidos.
Son cuatro muertes que tuvieron lugar en una labor ilegal que no debió seguir funcionando por vulnerar normas de seguridad y de salud poniendo en riesgo la vida de terceros.

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