La situación entorno a la problemática de la minería ilegal es bastante preocupante en Huamachuco porque desde hace bastante tiempo las mafias mineras que operan hace más de 20 años han tomado el control y nada parece detenerlas en esta parte de la provincia de Sánchez Carrión.

En el intento para  controlar  la expansión de la minería ilegal y las muertes en esta zona del ande, la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos  de La Libertad notificó, el pasado 14 de junio, a cerca de 31 pobladores para que paralicen sus actividades extractivas ilegales en zonas concesionadas en el caserío de Shiracmaca (Huamachuco) y por incumplir los protocolos sanitarios.

Sin embargo, varios de estos comuneros,  niegan tener relación alguna con las labores mineras ilegales que se ubican alrededor de sus viviendas en este caserío. Lugar tomado por los mineros ilegales y en donde la Policía, en varias oportunidades, incautó  explosivos al interior  de inmuebles que servían  como guaridas para ocultar este material altamente peligroso.

Según las investigaciones y denuncias de pobladores, los ilegales reciben apoyo y respaldo de algunos lugareños y dirigentes de este caserío, que también ha sido escenario de varias muertes en los campamentos mineros  que operan en la clandestinidad y   se crean pases a través de los terrenos para hacer los socavones que sirven para robar mineral.

Unas pobladoras han sido las primeras en deslindar su relación con los mineros ilegales. Ellas, mediante documentos dirigidos a la Gerencia Regional de Energía y Minas, que quien realiza actividades de minería ilegal es Reynaldo Sánchez Ballena, dedicado a extraer el mineral de forma irregular. También incluye a Josefina Mauricio Baylón – como principal socia de este presunto minero ilegal, según se lee en el documento.

En ese sentido, instaron a la institución regional dirigir sus esfuerzos a investigar a dichas personas cuyo accionar no solo viene causando estragos al medioambiente, también están perjudicando a los pobladores que viven alrededor de estas operaciones ilegales.  Cabe precisar que el ente regional de minas también notificó a Sánchez Ballena para que paralice sus labores y le abrió un proceso administrativo sancionador.

En tanto, ayer otro grupo de comuneros se movilizó hasta  la Subprefectura de  Huamachuco para exigir la intervención del nuevo subprefecto,  Mario Vargas Vera. “Es una medida cautelar que notifica a los que están trabajando allí paralicen sus actividades ilegales, pero las personas que han sido notificadas y no tienen ninguna responsabilidad deben hacer sus descargos correspondientes para que el Gobierno Regional tenga  el conocimiento debido y el proceso siga su curso”, subrayó.

Los mineros ilegales de Huamachuco no están reconocidos por nadie. No pagan tributos al Estado Peruano, ni son fiscalizados. Han acumulado dinero en estos años al margen de la ley. Y algunos de ellos como Alva Polo y Espejo Moreno enfrentan procesos penales por recientes muertes en socavones.

Solo el tiempo dirá si las autoridades empiezan a tomar conciencia de la gravedad del asunto de la minería ilegal y evitan que estos depredadores sigan deforestando el medioambiente y envenenado los afluentes de agua con químicos tóxicos.

En ese sentido, los pobladores cuestionaron a la fiscal de Medio Ambiente de La Libertad, Lastenia Acuña, quien no tendría la capacidad para darse cuenta del problema que involucra a los caseríos de Huamachuco. Para ella son pocas las personas que se dedican a esta ilícita actividad y no actúa con firmeza.