La Contraloría General de la República detectó que la inversión en la red de ciclovías de Trujillo fue sobrevalorada en más de medio millón de soles, debido al sobredimensionamiento de materiales en una de sus partidas. Cinco funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Trujillo tendrían responsabilidad civil y/o administrativa.

El perjuicio económico fue ocasionado por los funcionarios y servidores públicos que elaboraron, dieron conformidad y aprobaron el estudio técnico; y que, además, no advirtieron ni se pronunciaron sobre el referido sobredimensionamiento durante la ejecución de la actividad.

El Informe de Control Específico N.º 024-2021-2-0424-SCE detalla que el estudio técnico consignó como meta la reparación de 61 778,48 m2 de calzada de pavimento flexible, a través de parchados superficiales en algunas zonas de dicha calzada donde luego se esparciría una capa de mortero asfaltico (Slurry Seal) de diez milímetros de espesor.

Asimismo, precisa que en el Análisis de Precios Unitarios de la “Partida 04.02 Slurry Seal” se incluyeron materiales sobredimensionados, a pesar que el mismo estudio técnico contaba con un diseño de mezcla Slurry Seal, que consideraba las cantidades de materiales necesarias para la ejecución de dicha partida. Esto originó que el costo de su ejecución se sobrevalorara en S/ 550 066,18, monto que representa perjuicio económico para la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Según la Comisión de Control, los hechos expuestos fueron ocasionados por el gerente de Obras Públicas, quien participó en la tramitación y aprobación del estudio técnico; así como también tramitó los pagos correspondientes; el subgerente de Obras, otorgó la conformidad a dichos pagos; el subgerente de Proyectos, participó en la tramitación y dio conformidad al estudio técnico; la especialista en ingeniería civil de la subgerencia de Proyectos, elaboró el estudio técnico; y la inspectora (personal de la subgerencia de Obras), emitió opinión favorable para efectuar los pagos.

En el marco de sus competencias dichos funcionarios y servidores elaboraron, dieron conformidad y aprobaron un estudio técnico sobredimensionado en materiales; y no advirtieron ni se pronunciaron sobre el referido sobredimensionamiento durante la ejecución de la actividad, permitiendo que se pague en exceso, por ello, la Contraloría General recomienda que el procurador público inicie las acciones legales (civiles) que correspondan.

Los tres funcionarios y los dos servidores públicos comprometidos en los hechos tendrían responsabilidad civil y solo cuatro de ellos responsabilidad administrativa.