El Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote “José Olaya Balandra” (JOB) se ha pronunciado sobre las desafortunadas declaraciones del juez supremo, Manuel Luján Túpez, Coordinador Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial, quien afirmó que los pescadores industriales están “mimetizándose” igual que en el pasado lo hicieron los terroristas para expandir su actividad ilícita, y que “están dejando sin comida a quienes lo necesitan”, expresiones que dicho sindicato atribuye al total desconocimiento que tiene tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público sobre la forma en la que los pescadores industriales desarrollan sus actividades que se encuentran reguladas en la Ley General de Pesca.
César Córdova Ponce, abogado asesor del sindicato de pescadores JOB, expresó que la pesca industrial es una de las actividades económicas más importantes del país, como fuente de trabajo, de alimentación y de inversión, y representa el 2% del PBI total nacional, por lo que ser tratada como una actividad ilícita vulnera la dignidad de miles de pescadores industriales.
Sindicato cuestiona Ley de Extinción de Dominio
El sindicato también criticó la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio (Decreto Legislativo 1373), que permite la pérdida de bienes sin un análisis exhaustivo, calificándola de «confiscación encubierta» y una clara violación al derecho al trabajo, a la propiedad y a la presunción de inocencia. “En el 2024, su mala aplicación impidió que decenas de familias pesqueras puedan salir a pescar, dejándose de capturar miles de toneladas de anchoveta», añadió Córdova.
“Saludamos la participación activa y comprometida de la Defensoría del Pueblo que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373, al cual considera confiscatorio, abusivo e inconstitucional, posición que compartimos y que es respaldada por connotados juristas, por lo que permanecemos atentos a que el Tribunal Constitucional se pronuncie de manera justa y objetiva sobre esta ley diseñada para perseguir bienes del delincuente y no para dejar sin centro de trabajo a miles de honestos pescadores industriales” enfatizó el asesor sindical.
Finalmente, el Sindicato JOB exhortó a los parlamentarios a frenar a tiempo estos abusos y excesos. “Puede ser el inicio de una serie de incautaciones ilegales e injustas con funestas consecuencias laborales, por lo que les solicitamos que, en uso de sus facultades legisladoras y fiscalizadoras, intervengan en este caso de manera inmediata”, indicó su representante.