«Yo responsabilizó al Ejectivo si a futuro hubieran más muertes en Pataz», afirmó el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, cuando se le consultó sobre la difícil situación que atraviesa esa provincia a raíz de la pugna por el oro entre mineros ilegales, que actúan apoyados por organizaciones criminales, y que han dejado hace unos días trece trabajadores cruelmente asesinados.

Acuña Peralta recordó que en febrero y marzo de este año propuso la instalación de una base militar en Pataz para controlar la minería ilegal, tal como sucede en el Vraem (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro).

«No nos escucharon. Trece personas han tenido que perder la vida para tomar esa decisión. Tiene que haber un punto de quiebre: no más muertes en la región La Libertad, no más extorsión. Alguien tiene que pedir cuentas y quien va a pedir cuentas es el gobernador», aseveró.

De otro lado, el gobernador expresó su desacuerdo con la iniciativa que llevan adelante un grupo de congresistas de censurar al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, por la masacre en Pataz. El primer ministro minimizó la denuncia de desaparición de los trece trabajadores asesinados.