El primer esfuerzo por devolverle la seguridad, la paz y la tranquilidad a la provincia de Pataz, en la región La Libertad, afectada por la minería ilegal y las organizaciones criminales, fracasó debido a las posiciones encontradas entre el gobierno central, autoridades y dirigentes.

Mientras en el Poder Ejecutivo hay optimismo, en la comunidad patacina sucede lo contrario.

Versión del gobierno nacional

El ministro del Interior, Carlos Malaver, junto a titulares de Ministerio de Defensa del Perú, Ministerio de Energía y Minas del Perú, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, participó en este grupo multisectorial para impulsar la seguridad en un ambiente de paz y estabilidad.

Durante su intervención, el titular el Ministerio del Interior (Mininter) destacó la participación activa del Comando Unificado Pataz, conformado por 950 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y 100 agentes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a través de operativos contra la minería ilegal y el crimen organizado, en el marco del estado de emergencia decretado en la provincia liberteña.

Como parte de estas acciones conjuntas, las fuerzas del orden lograron, recientemente, la captura de 8 integrantes de la organización criminal “Los Sicarios de Cuchillo” por su presunta implicancia en el secuestro y asesinato de 13 trabajadores de seguridad en el socavón minero ‘Galindo’.

En otro momento de la reunión, el ministro Malaver resaltó el importante trabajo que viene realizando la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en apoyo al personal policial y militar, para el control, verificación e incautación de armamento de fuego y material explosivo en Pataz.

Esta labor conjunta permitió dar un certero golpe a la minería ilegal con la incautación de más de 2,000 cartuchos de dinamita, más de 2,000 municiones, detonadores y un fusil de guerra, cuyo valor accidente a los S/ 537 500.

Finalmente, luego de escuchar las demandas de las autoridades locales y representantes de organizaciones sociales participantes, el titular del Mininter propuso como una necesidad la presencia de la Superintendencia Nacional de Migraciones en la localidad liberteña, con el fin de optimizar la lucha contra la criminalidad nacional y transnacional en sus diferentes modalidades.

La mesa de trabajo multisectorial, realizada en la sede de la municipalidad distrital de Pataz, contó con la participación de los ministros de Defensa, Walter Astudillo; de Energía y Minas, Jorge Montero; y de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga; del viceministro de Orden Interno, Maxfredid Pérez; del alcalde provincial, Aldo Carlos Mariños; del jefe de la Región Policial La Libertad, Gral. PNP Guillermo Llerena; entre otras autoridades locales.

Versión de dirigentes

En la mesa de trabajo realizada en la provincia de Pataz, las comunidades campesinas, rondas campesinas, asociaciones de mineros artesanales, alcaldes, funcionarios del gobierno regional, Defensoría del Pueblo y población en general, firmaron un acuerdo donde mostraron su rechazo a lo manifestado por los ministros que una vez que emitieron su saludo no permitieron la acreditación y participación de todos los representantes, tampoco determinar la agenda de la mesa de trabajo y menos ordenar la prioridad de los puntos de agenda, con lo cual decidieron dar por concluida la reunión y retirarse irrespetuosamente del recinto donde se estaba llevando a cabo la reunión.

Por esta razón, según el acta, las comunidades reunidas mostraron su rechazo y desconocieron la instalación del grupo de trabajo, porque nunca se logró, según manifestaron, instalar, menos formalizar, a través de un acta por tener una conducta impositiva frente a la agenda de la población y faltando respeto a todos los presentes y miles de pobladores que esperaban un mensaje claro de las autoridades.

En el acta de acuerdos exigieron la instalación formal y democrática del grupo de trabajo mediante una mesa de diálogo dentro de las 72 horas siguientes, sin perjuicio del ejercicio de los derechos constitucionales de la población y haciéndolos responsables de cumplir con dicha exigencia que se pueda dar un acto de desborde social. En esta mesa, según manifestaron, debe establecerse una agenda que incluya todas las problemáticas de la provincia de Pataz, pero priorizando un tratamiento de la suspensión de las actividades mineras, formalización minera, que contravienen a los derechos fundamentales al trabajo y la libre determinación de los pueblos organizados en comunidades y rondas campesinas, que nunca fueron consultados de acuerdo a ley.

Asimismo, exhortaron al gobierno a levantar la medida de suspensión de actividades mineras dentro de 72 horas siguientes y que esta sea informada en la instalación del grupo de trabajo que realizarán dentro del plazo señalado.

Finalmente, en el documento, indicaron que realizarán acciones legales que correspondan contra los ministros y funcionarios de Estado que han omitido sus funciones y han permitido que la empresa Poderosa, y otras, hayan seguido laborando con normalidad desobedeciendo el decreto que suspende las actividades mineras, mientras que los mineros artesanales han respetado específicamente lo dispuesto por el ejecutivo. También acordaron invitar a los congresistas liberteños a visitar Pataz y dar solución a sus problemas.