Especialistas, autoridades y líderes indígenas coincidieron en un punto: la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (Ley MAPE) no puede seguir siendo un salvavidas para la ilegalidad. La norma debe ser una herramienta para ordenar la actividad y cerrar definitivamente el paso a quienes contaminan ríos y operan al margen de la ley.
Ese fue el consenso en el seminario “Hacia una ley de la minería pequeña y artesanal que contribuya al desarrollo sostenible del país”, organizado por el Colegio de Abogados de Lima.
Lo artesanal y lo ilegal
César Ipenza Peralta y Karina Cecilia Garay Tapia, del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), presentaron diez propuestas entregadas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. La primera: diferenciar con claridad al minero artesanal del informal y del ilegal.
Garay Tapia explicó que esta actividad tiene dos caras: por un lado, es sustento y dinamiza economías locales; por el otro, deja impactos sociales, ambientales y legales. “Cada semana, en las zonas donde se practica, aumentan los índices de criminalidad y de deforestación”, advirtió.
También cuestionó lo fácil que resulta operar sin cumplir requisitos. “Un minero que quiere formalizarse solo necesita inscribirse en el Reinfo y ya puede empezar a trabajar. En cambio, si uno quiere abrir una simple tienda, la municipalidad exige permisos y no deja abrir hasta que se cumplan. Con la minería no pasa lo mismo. Necesitamos orden y reglas claras”, dijo.
Las plantas procesadoras
Para Ipenza, el control debe concentrarse en las plantas de beneficio, donde se procesa el mineral. Si no se fiscalizan, es imposible rastrear el origen del oro o frenar el uso de químicos peligrosos. Se debe involucrar a la SUNAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en ese trabajo.
El viceministro de Energía y Minas, Henry Luna, también puso la lupa sobre estas empresas. Varias figuran entre los principales productores nacionales sin tener minas propias, como Beta Dorada (octavo productor nacional), Paltarumi (décimo lugar en solo un año de operaciones), Laitaruma, Caravelí o Paraíso. “¿De dónde sacan el mineral? ¿Lo compran de manera lícita?”, preguntó, pese a que el Estado debería tener las respuestas.
Angela Grossheim, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, insistió en que se debe garantizar la trazabilidad no solo del mineral, sino también de la maquinaria, los combustibles, los insumos químicos y los explosivos que alimentan la minería ilegal. Criticó, además, que se haya reducido el presupuesto para enfrentar esta actividad ilícita. “La nueva ley debe estar pensada para la pequeña minería, no para encubrir a la ilegalidad”, dijo.
